Canal y el centro deportivo del Perú piden al Ayuntamiento de Cáceres ser compensados por las pérdidas
El gimnasio estima unos números rojos de dos millones entre 2007 y 2019 y la empresa del agua tendría un impacto de 288.000 euros
La pandemia impacta de lleno en las cuentas de las concesionarias municipales. La situación ya se ha dado con los sobrecostes generados por el servicio en la limpieza y el transporte urbano, pero hay más. La empresa que gestiona el ciclo integral del agua pide compensación al Ayuntamiento. En una estimación de noviembre de 2020 alude a una disminución de ingresos en los contratos de uso no doméstico en la cuantía de 288.894 euros. En un escrito dirigido al Consistorio plantea la «imposibilidad parcial» de la ejecución del contrato por la covid y solicita que se declare su derecho al «restablecimiento del equilibrio económico».
No es la única mercantil vinculada al Ayuntamiento que asegura tener dificultades, más allá de la covid. La gestora del centro deportivo El Perú Wellness ya ha pedido una «revisión del contrato de concesión». Según sus cálculos, solo en el periodo comprendido entre 2007 y 2019 las pérdidas generadas rebasan los dos millones de euros. Con ambos ejercicios incluidos en el balance, es decir aún sin contabilizar el efecto covid, los números rojos serían de 2.053.116 euros.
Así consta en la documentación remitida a la Concejalía de Economía y que hoy se valorará en la reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano, según la auditoría de cuentas de la sociedad Promoción de Espacios Recreativos Urbanos. Sostiene que en ningún ejercicio se ha alcanzado el mínimo resultado de beneficios que se establece en el contrato de la concesión, 165.000 euros. El máximo son 400.000.
Por contra, el cuadro de datos facilitado alude a más de un millón en pérdidas en 2007, 499.000 euros al año siguiente y otros 265.000 euros perdidos en 2009. El primer ejercicio de beneficios fue 2010, con casi 125.000 euros. Eso sí, entre 2016 y 2019 siempre ha habido ganancias, con un máximo de 162.000 euros hace dos años.
El contrato de concesión se pactó en principio por 40 años, aunque en 2012 se amplió a 48 en función de un incremento generado por las obras que se hicieron. La visión de la mercantil es que «por cada anualidad en la que no se ha cumplido con el nivel mínimo de rendimiento» procede ampliar un año más la duración del contrato suscrito.
En este caso, el gerente de Promoción de Espacios Recreativos Urbanos solicita en el escrito registrado en el Ayuntamiento que se revise el contrato y se aumente su duración «hasta el máximo de 60 años».
El asunto debe ser debatido en comisión municipal. Los informes son contradictorios. La Secretaría General entiende que las causas del desequilibrio financiero no serían imputables a la empresa sino a un «riesgo imprevisible». Su informe es favorable, todo lo contrario que el de la Intervención. Este último destaca que el importe neto de la cifra de negocio no ha dejado de crecer, desde 2,1 millones en 2014 hasta más de 2,5 en 2019. Califica como «puntual» la caída de ingresos por la covid y estima que con la evolución de la facturación es previsible que alcance «en breve un nivel de rendimientos óptimo», y este durará años. Además de informar en contra de la revisión recuerda que el uso del espacio público se hace sin contraprestación, es decir, el Ayuntamiento no recibe ingresos por canon. Pese a ello, la propuesta del Gobierno es que se acepte la petición de la sociedad y se amplíe la concesión.
La situación es diferente para Canal de Isabel II. Se propone desestimar su solicitud «al carecer de fundamento», según el interventor municipal. Matiza la Secretaría General, además, que la empresa se limita a argumentar que ha tenido la pérdida de unos ingresos «que no están suficientemente contrastados».
Baja el consumo, pero también hay menos gastos, dice la Inspección municipal
En el escrito remitido al Ayuntamiento, la empresa del agua resalta que «se ha ocasionado un perjuicio económico a Canal de Isabel II en la medida en que se está produciendo una pérdida de ingresos» por la disminución de metros cúbicos facturados con respecto a años anteriores.
Añade que «no cabe duda de que la declaración del estado de alarma» y las medidas que se han venido aplicando han «imposibilitado» de alguna forma la ejecución del contrato lo que lleva a solicitar la restitución del equilibrio financiero. Según la Inspección de servicios del Ayuntamiento, los datos aportados recogen que los metros cúbicos tratados fueron inferiores en 2020 a los de 2019 y los de 2018 menores que los de 2017. Pero esa bajada, puntualiza, también «repercute en una disminución de gastos», energía, reactivos, carburantes y hasta de personal, remarca.
