Adhex alerta del aumento de la prostitución en pisos de Cáceres tras las detenciones en Alzapiernas
La asociación de defensa de los derechos humanos apela a los vecinos para que denuncien posibles casos de trata en viviendas particulares
El pasado miércoles una operación policial detuvo a cuatro personas en un piso de la calle Alzapiernas a lo que se les investiga de trata de seres humanos, prostitución, pertenencia a organización criminal y contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Todos ellos entraron en prisión provisional comunicada y sin fianza. El caso, que está bajo secreto de sumario, lo lleva el Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres, sin que haya trascendido por el momento cuántas personas estaban dentro de esa red de trata de seres humanos.
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En el barrio, en pleno centro de la ciudad y lugar de tránsito de muchos turistas que estacionan en Galarza, una vecina desconocía la actividad que se desarrollaba en un edificio que parece semiabandonado y donde nadie contesta. En uno de los comercios próximos indican a este diario que conocían a las mujeres que ejercían la prostitución en este piso, clientas de las tiendas de la zona. En la cafetería que está justo al lado del portal no quieren comentar nada para que no se les relacione con la actividad que se desarrollaba en el piso.
La Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex) lleva tiempo alertando del aumento de la prostitución en pisos. Durante la pandemia, al permanecer cerrados los clubes, se buscó alternativa en pisos y chalés de alquiler que se envuelven en la bruma del anonimato, lejos de las luces de neón de los llamados 'clubes'. Flor Fondón, la presidenta de Adhex, insiste en que es muy importante el compromiso de los vecinos a la hora de denunciar posibles casos de trata. El año pasado pusieron en marcha la campaña 'la buena vecindad'. «Hay que sensibilizar a las comunidades de vecinos, al parecer esto se sabía desde hacía mucho tiempo». Hay que estar atentos, señala esta organización, a comportamientos «que alteren la normal convivencia en un piso de vecinos, como que haya suciedad, mucho trasiego de personas, sobre todo hombres a deshora».
Una de las medidas disuasorias que pueden tomar los administradores de fincas es poner una cláusula ética en la que se señale que no se va a permitir en el edificio la explotación sexual de mujeres y niñas. También es necesario instalar cámaras de seguridad, a veces los hombres que acceden son vecinos también de la ciudad que tienen familias, aporta Fondón. «No hay que enfrentarse con los hombres que suban, pero sí se puede preguntar dónde van». Muy necesaria es también la presencia policial en la calle. «Eso ya en sí mismo es un elemento disuasorio».
El caso se encuentra bajo secreto de sumario y no ha trascendido el número de mujeres que podían estar siendo explotadas
Aunque no ha trascendido el número de mujeres que han podido ser liberadas de esta supuesta red de trata de personas, todas ellas son acogidas en recursos que suelen gestionar instituciones como Mujeres en Zona de Conflicto (MZC). Ellas fueron las encargadas de dar cobertura a las mujeres que sufrían explotación en el piso del Nuevo Cáceres que se desarticuló en el mes de julio de 2024. Se trata de una red que fue desarticulada por la Policía Nacional y que traía a mujeres de Colombia a las que, según el escrito de la Fiscalía, les obligaba a ejercer la prostitución seis días a la semana durante 24 horas. Las siete mujeres, con edades entre 20 y 30 años, debían saldar la deuda económica de sus traslados y alojamientos con los responsables de la trama y estaban controladas en todo momento por los acusados por una cámara de vídeo y un móvil que debían llevar siempre encima. Según el escrito del Ministerio Fiscal aunque estas mujeres sabían a lo que venían, no eran conscientes de las condiciones de control a las que se les iba a someter. Los acusados, un empresario cacereño y una mujer procedente de Colombia que están en libertad con cargos, deben hacer frente a una pena de siete años de cárcel por cada una de las mujeres que son víctimas de explotación sexual. El abogado de la defensa pide la libre absolución por considerar que sabían a lo que venían cuando viajaron de su país y que no vivían sometidas a ningún régimen de esclavitud.
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