El acusado del robo de Atrio será juzgado en octubre en Madrid por otro hurto de vino

Por ese motivo, aunque su abogada defensora Sylvia Córdoba, pida su puesta en libertad, es muy difícil que se le conceda, porque después del juicio en Madrid también tiene pendiente otro en Suiza, en Ginebra, en donde está acusado de cometer otro robo de botellas en el 'duty free' del aeropuerto.

Parece que vienen malos tiempos para este ciudadano rumano que hasta ahora no tiene antecedentes penales por condenas, pero con tres juicios pendientes: el de Madrid, el de Suiza y el más que previsible de Cáceres.

Constantín estaba requisitoriado por el Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid, con una orden de busca y captura, ya que no se había presentado a su juicio. También estaba requerido por un juzgado de Ginebra.

Según datos aportados por la Policía rumana, Constantín Gabriel nació el 27 de diciembre de 1975 en la localidad de Campina, por lo que en la actualidad tiene 46 años. Campina pertenece al condado de Prahova, distrito en la zona central el país. La localidad en la que nació tiene 37.000 habitantes y está a 94 kilómetros de Bucarest, la capital de Rumanía. Precisamente, según la ficha policial rumana de Constantín, él está domiciliado en el sector 4 de Bucarest.

La Policía rumana afirma que el 15 de julio de 2022 fue cuando se emitió una orden de detención europea por robo para Constantín, logrando detenerle tres días después, el 18 de julio, cuando entraba en Croacia desde Montenegro por el puesto fronterizo de Karasovi Sutorina. Fue detenido junto a su pareja Priscila Lara cuando viajaban en un coche. La orden de detención también era para ella, al considerar el Juzgado número 4 de Cáceres, el instructor del caso, que los dos podían haber perpetrado el robo de las 45 botellas de Atrio valoradas en 1.648.500 euros.

Quien tiene más fácil su puesta en libertad a la espera de su juicio en Cáceres es Priscila Lara, ya que no tiene antecedentes penales y no está requisitoriada por otros tribunales.

Por el robo de Cáceres, según la Fiscalía, pueden ser condenados como mucho a seis años de cárcel. En el auto de prisión provisional se les imputa un delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público, con la posible concurrencia de dos agravantes específicas: el valor económico y el valor cultural y artístico de lo sustraído.

Los dos investigados, de no conseguir su puesta en libertad a la espera de juicio, quieren ser trasladados a una prisión en Madrid, en donde afirman que viven con una hija de Constantín, en un piso en Barajas.