Los pacenses tendrán que pagar una tarifa de basura en 2025

Los populares han presentado una moción al pleno «contra la nueva tasa de basura obligatoria impuesta por el gobierno de la nación». Han lamentado que el Gobierno no permita a los ayuntamiento tener cierta autonomía para decidir cómo quieren cobrar esta cantidad, si directamente o, como se hace ahora, con fondos municipales. Los socialistas, por su parte, critican que el Gobierno aún no haya redactado la ordenanza, que debe estar aprobada antes de final de año para que, como muy tarde, el Ayuntamiento aplique el coste a los ciudadanos en abril.

Los socialistas han propuesto al alcalde, Ignacio Gragera, que compense a los ciudadanos a través de una rebaja del IBI y este ha dicho que lo estudiará.

Al contrario que otras ciudades, Badajoz no tiene establecida esta tasa. El concejal de Hacienda, Javier Gijón, ha apuntado en su intervención que Almendralejo cobra 80 euros por vivienda mientras que Mérida pasa un recibo de 116 euros. El Ayuntamiento de Badajoz aún estudia a cuánto ascenderá y cómo establecerá el coste. Porque, según han advertido esta mañana, no existen unas normas claras sobre cómo debe calcularse. Eso ha llevado al edil de Hacienda a prever una posible lluvia de procesos judiciales, como ya ocurrió con la plusvalía hace unos años. Cree que puede haber inseguridad jurídica.

Por eso, y jugando con el término 'tarifazo del agua' que acuñó el PSOE de Badajoz para referirse a la subida del recibo que ya está llegando a los domicilios de la ciudad, Javier Gijón se ha referido al «basurazo» que, dice, está impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El edil no adscrito, Carlos Pérez, ha insistido en que el Ayuntamiento debe compensar esa tasa reduciendo otras cargas a los pacenses; mientras que la concejala de Vox, María Jesús Salvatierra, ha considerado esta tasa un «auténtico abuso que sigue exprimiendo a trabajadores y familias» y ha acusado al PP de estar «nadando y guardando la ropa».

Desde el PSOE, Alejandro Mendoza, ha desgranado el resto de cámaras donde los populares no se han opuesto a esta nueva tasa, como el Parlamento Europeo donde votaron a favor y el Congreso donde se asbtuvieron, y se ha referido a una carta enviada desde la Junta de Extremadura en noviembre de 2023 (ya gobernada por el PP) en la que les informan de la obligación de implantar una tasa de residuos.

«Ustedes dicen que en Badajoz no hay tasa de basura y parece que los ciudadano no pagan», ha dicho Mendoza, quien ha recordado que la tasa está integrada en el IBI por un acuerdo de pleno adoptado en los años 80 bajo el mandato de Manuel Rojas.

Por eso, ahora los socialistas creen que el Ayuntamiento puede reducir el impuesto del IBI en la parte del recibo que pueden tocar. Además, el socialista Alejandro Mendoza ha acusado al PP de «querer confundir a los ciudadanos» presentando esa moción que insta al Gobierno a elaborar un nuevo proyecto de ley que respete la autonomía local y permita a los ayuntamientos elegir cómo financia la recogida, transporte y tratamiento de los residuos.

«Lo que pedimos es que los ayuntamientos tengamos autonomía para decidir cómo financiar ese servicio», ha dicho el alcalde, Ignacio Gragera, antes de la votación.

El alcalde ha apuntado que el recibo del IBI de Badajoz está en «un término medio» y que estudiará la propuesta del PSOE de reducirlo para compensar la nueva tarifa. «No tiene sentido que nosotros como ayuntamiento lo apoyemos», ha dicho en referencia a la creación de la nueva tasa diferenciando la postura del PP municipal de la que el PP ha podido adoptar en otras cámaras.

La moción ha salido adelante únicamente con los votos del PP, mientras que el PSOE y Vox han votado en contra y el edil no adscrito, Carlos Pérez, se ha abstenido.

PP y PSOE sí han estado de acuerdo en revisar la ordenanza contra la explotación sexual en Badajoz, que data de 2011.

Populares y socialistas han presentado este jueves una moción conjunta por el Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños. El concejal no adscrito, Carlos Pérez, también votó a favor, mientras que VOX se desmarcó. Su portavoz, Marcelo Amarilla, dijo estar de acuerdo en «lo general» del texto, pero echa en falta instar «al Gobierno a que ponga fin al efecto llamado de la inmigración ilegal». Relacionó este fenómeno con los delitos sexuales y añadió que importan «costumbres que denigran a la mujer y que son incompatibles con nuestro estado de derecho».

Durante el debate, el PSOE mencionó la ordenanza de prostitución de la ciudad y el alcalde recogió el guante. Dijo que harán «un informe para ver hasta dónde podemos llegar para luchar contra la explotación sexual» en Badajoz.

En otro orden de cosas, el alcalde reconoció a preguntas del PSOE que la superpoblación de palomas en la ciudad es un problema. Y, por ello, ha encargado también un informe con el objetivo de determinar qué medidas pueden adoptar.

Por su parte, el concejal no adscrito, Carlos Pérez, propuso que el Ayuntamiento reduzca en un 20% el dinero que reparte entre los grupos municipales para ejercer sus tareas. El edil ha recordado que el Ayuntamiento ya dota a cada grupo político de un despacho, un administrativo, ordenadores y material de oficina. PP y PSOE han votado en contra.

El Ayuntamiento destina 1,2 millones de euros para este fin en cuatro años a dividir entre todos los partidos con representación. Este dinero se reparte en función de una cuantía fija por cada grupo político de 6.000 euros anuales pagaderos en 12 mensualidades. Y un componente variable por el número de concejales de cada uno de los grupos políticos existentes. Reciben 10.367 euros al año por edil, que se abonan igualmente en 12 mensualidades.