Las okupaciones se disparan en Badajoz: de 37 en 2015 a 64 hasta agosto de este año

Los datos están en la respuesta que da el Ministerio del Interior a la pregunta formulada por los diputados populares Teresa Angulo y Víctor Píriz. En ella se recoge que el término «ocupación del inmueble» incluye dos tipos recogidos en el código Penal. Por un lado, el allanamiento de morada (artículo 202), que es el que se dio en el piso de estudiantes en la calle Altozano, y la usurpación de inmuebles (artículo 245), sean con violencia o no, y sean residenciales o no. Este último sería el caso del edificio de la Sareb en San Roque, donde los vecinos reclamaron una solución sin éxito hasta que salió ardiendo varias veces en una sola noche y la sociedad propietaria lo tapió este octubre.

La diferencia está en que el piso era la residencia habitual de los estudiantes, quienes se lo encontraron okupado el sábado previo al inicio de curso cuando llegaron a la ciudad tras las vacaciones, mientras el edificio de la Sareb no llegó a tener inquilinos oficiales porque estaba incompleto.

Los datos que el Ministerio proporciona, de todas formas, no están disgregados entre uno y otro tipo penal. Pero sí permite ver que estos casos han ido creciendo hasta superar hasta agostos en 2022 un 73% los cometidos en 2015. Este año es el primer ejercicio que aparece en la estadística proporcionada en la respuesta al Congreso.

Como se puede ver en la tabla adjunta, los casos han aumentado de forma irregular, de manera que unos años han sobrepasado los anteriores y en otras ocasiones se han reducido sensiblemente. Pero la tendencia ha sido al alza. El curso pasado terminó con 106 casos registrados en el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC). A estos se añaden esos casos que los afectados no denuncian, dado que recurren a otras fórmulas para recuperar sus casas. Entre ellas, la negociación directa con los usurpadores o por recurrir a una empresa dedicada a la desokupación urgente. El temor a que el procedimiento judicial se alargue hace que en ocasiones los propietarios prefieran estas otras opciones.

El Ministerio asegura que, en los casos de allanamiento de morada, que es lo que ocurrió en la vivienda de alquiler de los jóvenes universitarios, actúan de forma «urgente y perentoria, desalojando las viviendas de inmediato, siempre que se tenga permiso del morador y este haya presentado una denuncia». Esto último no se hizo en el piso de estudiantes, aunque la Policía Nacional sabía de la okupación porque fueron los propios usurpadores quienes avisaron a los agentes de que los chavales estaban intentando entrar un sábado por la tarde y no lo iban a permitir, así como los agentes estuvieron en contacto con el propietario durante todo el proceso. La pareja de okupas abandonó la vivienda por la concentración de los vecinos en la calle. Posteriormente, la Policía Nacional les detuvo por robo, dado que sacaron parte del mobiliario y electrodomésticos durante los días que usaron el piso. Los dos jóvenes quedaron en libertad con la obligación de presentarse en el juzgado a inicios de cada mes acusados de daños y apropiación indebida.

Las Fuerzas y Cuerpos del Estado, indican desde Interior, también actúan en las usurpaciones de inmuebles, residenciales o no, pero que no son morada. Esto puede ser, como se ha indicado antes, el caso del edificio de San Roque. «Aquí el proceder de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está sujeto a una orden judicial de desalojo previa, además de la intención manifiesta del propietario de recuperar su propiedad, salvo que puedan intervenir en el momento en el que se está cometiendo el delito y sea con violencia o intimidación, en cuyo caso pueden desalojar los casos de usurpación en el momento».

El problema es que los procedimientos judiciales se alargan. Esto también se vio en el caso de San Roque, dado que la Sareb denunció la usurpación en julio de 2021 y tiene una vista judicial para identificar a los ocupantes del edificio el 12 de diciembre. Ese día, después de que el edificio esté tapiado desde el 10 de octubre, se espera que no se presente nadie en la sala y, por tanto, la sociedad recupere el edificio, lo rehabilite y lo introduzca en el mercado inmobiliario.