Cuatro militares de la base de Bótoa, implicados en un fraude con el combustible

En el caso están implicados en ellos, al menos, cuatro militares profesionales destinados en el Grupo Logístico de la base militar General Menacho de Bótoa y varios civiles, empleados de estaciones de servicio de las localidades cacereñas de Trujillo y Riolobos, que son considerados cooperadores necesarios para cometer los delitos mencionados. Los militares acusados ostentan los cargos de cabo mayor y tres cabos primeros.

La causa atañe, como mínimo, a 2020 y no se ha juzgado todavía porque desde que se incoó una denuncia en mayo de ese año en el Puesto de la Guardia Civil de Valdebotoa el caso ha viajado entre el Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz y Juzgado Togado Militar Territorial número 12, ya que ambos se inhibían para que lo juzgará el otro.

Hasta ahora. El Boletín Oficial del Estado ha publicado una auto del Tribunal Supremo en la que ha decidido que sea la audiencia militar la que juzgue el caso.

Desde que se interpusiera la denuncia en mayo de 2020, el caso ha estado hasta dos veces en manos de los dos juzgados militares.

Primero fue el Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz que tras la emisión de informe sobre competencia por el Ministerio Fiscal se inhibió en favor de la jurisdicción militar el 2 de julio de 2020

El Juzgado Togado Militar Territorial número 12, por auto de 20 de julio 2020, acordó la formación del sumario tras el informe favorable de la Fiscalía Jurídico Militar y aceptó la inhibición acordada al considerar que los hechos podían ser constitutivos de un delito contra el patrimonio en el ámbito militar, contemplado en el artículo 82 del Código Penal Militar.

Tras haber acordado en dos ocasiones la ampliación de las diligencias de investigación frente a otros civiles empleados de otras estaciones de servicio, siendo once los civiles investigados, en noviembre de 2022, el juzgado militar propuso al Tribunal Militar Territorial primero el sobreseimiento provisional de la causa respecto de seis de ellos, al no «habérseles tomado declaración antes de la expiración del periodo de instrucción contemplado en el artículo 324 LECRIM, continuándo conforme a derecho en relación a los demás investigados», indica la sentencia del Supremo.

Después de diversas diligencias de investigación, el pasado 11 de abril, el juzgado militar acordó la inhibición del caso en favor, de nuevo del juzgado pacense.

Así, el Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz, en un auto el pasado 15 de mayo, acordó rechazar la inhibición planteada por el juzgado militar y devolverle las actuaciones.

Casi dos meses después, el Juzgado Togado Militar Territorial número 12, por auto de 5 de julio de 2023, acordó sostener la inhibición acordada y plantear conflicto negativo de jurisdicción de la sala.