Aplazado el juicio del intento de asesinato en la romería de San Isidro de Higuera de Vargas por no aparecer el revólver

En prisión preventiva desde mayo del año pasado, Miguel Ángel P.L. ha sido conducido hoy a la Audiencia Provincial de Badajoz para responder del disparo que realizó a Ramón C.B., quien todavía tiene alojado en su hombro el proyectil que lo hirió.

Sobre la autoría del disparo no parecen existir dudas. El letrado de la defensa, José Duarte, reconoce que fue su representado quien apretó el gatillo. Pero niega que fueran tres los disparos que realizó, tal y como sostienen el Ministerio Público y la acusación particular, que es llevada por la letrada pacense Beatriz Guiberteau.

La defensa solicita también que Miguel Ángel no sea acusado de asesinato sino de lesiones graves o de homicidio en grado de tentativa, lo que rebajaría la pena de forma sustancial.

Pero antes de entrar a debatir la gravedad de una condena que parece segura se ha planteado una cuestión imprevista: el arma es una pieza de convicción que debe estar en la sala de vistas mientras se celebra la juicio.

«No me parece bien la suspensión, el caso está claramente expuesto y mi cliente sale perjudicado con este retraso», ha dicho la abogada de la acusación particular, que coincide con la fiscalía en la solicitud de que el autor del disparo haga frente a una responsabilidad civil de 26.764,84 euros por las lesiones y las secuelas producidas.

Enfrente se sitúa José Duarte, que justifica la necesidad de aplazar la vista porque el revólver marca Arminius del calibre 12 que supuestamente utilizó no podría ser analizado por los testigos del suceso. «Aquí se debate si hubo un disparo o tres, algunos testigos dijeron haber visto el arma, por eso es tan importante que esté presente durante el juicio».

«La defensa tiene razón cuando solicita que el revólver esté en sala, aunque podría haberla pedido con anterioridad por cortesía jurídica», ha admitido el presidente del tribunal cuando ha transmitido a todas las partes que el juicio iba a ser suspendido. «La oficina está haciendo gestiones para localizarla, fue enviada a la Policía Científica de Madrid, pero hoy no queda más remedio que suspender», ha añadido el magistrado antes de anunciar que el juicio se aplaza al próximo 26 de febrero.

Ese día, la defensa volverá a negociar con el Ministerio Fiscal y con la acusación particular una posible sentencia de conformidad que rebaje la pena solicitada. La intención de José Duarte es que quede fijada en 2 años y medio o 3 años de prisión, una pretensión que rechazan el fiscal y Beatriz Guiberteau.

La acusación particular ha indicado que la rebaja que solicita la defensa no es admisible para la víctima del disparo, ni tampoco para la sociedad, porque daría a entender que un hecho tan grave «sale gratis». Además, ha asegurado que también se discute el importe de la indemnización que recibirá la víctima, que según el escrito de acusación recibió el disparo a corta distancia y pudo haber sido alcanzado en un órgano vital dado que se realizaron hasta tres disparos distintos.

Para conseguir una rebaja de la pena José Duarte plantea que se tenga en cuenta que en el momento del enfrentamiento su cliente estaba bajo los efectos de la droga y el alcohol. Igualmente solicita que se valore su «confesión de los hechos» y la colaboración que prestó para que pudiera ser localizado, en medio del campo, el revólver que ha terminado provocando la suspensión del juicio.