José Luis Galache reconstruye el Caso Feria 45 años después

Pero aquellas explicaciones no convencieron a la familia y se inició una larga pelea judicial que se prolongó durante quince años, un proceso que ahora saca a la luz José Luis Galache, el abogado que junto a Agustín Jesús Menaya Zambrano puso en marcha ese procedimiento.

Los detalles han sido recogidos en 'Transición: el Caso Feria', un libro que ya tiene segunda edición y que será presentado este martes, a las 20.00 horas, en la Residencia Universitaria Hernán Cortés de Badajoz. En el acto también intervendrán el periodista Roque Alonso y el doctor en Derecho Rafael Gil González.

Recuerda José Luis Galache que Joaquín Mendoza Ladera tenía 17 años cuando un disparo le atravesó el corazón. Fue el 24 de agosto de 1980 en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil de Feria (Badajoz). Se celebraban las fiestas del pueblo aquella noche cuando Joaquín y sus dos mejores amigos se acercaron a unos barrancos próximos al cuartel para hacer sus necesidades, «con tan mala fortuna» que un agente que custodiaba el edificio escuchó ruido, creyó estar siendo testigo de un ataque al cuartel y disparó.

«En Feria se produjo una terrible extralimitación cuando ese guardia civil confunde, por así decirlo, a esos tres chavales con miembros del GRAPO y piensa que se estaba produciendo un ataque o algo por el estilo», reflexiona Galache, quien siempre ha defendido que «el único delito de ese chaval es que estaba respirando».

En las horas siguientes Feria quedó totalmente acordonada, no se podía entrar ni salir. La muerte tardó horas en darse a conocer y provocó una fuerte reacción social. Explica este letrado que él entró en el caso cuando el líder de los socialistas extremeños decidió viajar a Feria y entrevistarse con los afectados. «Rodríguez Ibarra intentó poner una querella en el Juzgado de Instrucción de Zafra, pero el asunto estaba en la jurisdicción militar».

Preguntó después Rodríguez Ibarra como parlamentario en el Congreso de los Diputados, «pero el ministro no respondió nunca», añade Galache, quien afirma que fue el propio Juan Carlos Rodríguez Ibarra quien le pidió que «peleara» en los juzgados por ese asunto.

Añade Galache, que fue senador y diputado por el PSOE durante varios legislaturas, que le costó «muchísimo sacar adelante el procedimiento porque aunque los Consejos de Guerra habían desaparecido y por lógica podíamos presentar una denuncia, había una fuerte resistencia a que este tipo de casos se viesen en la jurisdicción civil». Y aunque la ley le daba la razón, «los militares se negaban a entregar la causa al juzgado de instrucción y tuvo que intervenir el Tribunal Constitucional para que la enviaran».

A partir de ese momento la instrucción avanzó en Zafra y el juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Badajoz en 1990, donde se impuso una condena que el abogado considera «pírrica»: seis meses y un día de prisión menor por un delito de imprudencia temeraria, suspensión de todo cargo público durante el tiempo de la condena y el pago de una indemnización de 20 millones de pesetas a los herederos del fallecido «que fue abonada por el Estado».

«Yo me dejé el alma en ese caso pero la sentencia me pareció que fue hecha para salir del paso. Habíamos pedido 25 millones de pesetas y concedieron una indemnización de 20 millones que pagó el Estado, pero no olvido lo que me dijo la madre del chico: «Ese dinero está muy bien, pero a mí me han quitado a mi hijo de una manera completamente absurda».

Este martes, José Luis Galache recordará los detalles del proceso del que habla en este libro. «Yo siempre he creído en la Justicia, pero aquí no hubo Justicia y cuando en el juicio declararon los guardias civiles todos mintieron, desde el teniente coronel hasta el último guardia».