Un funcionario, un empresario de la construcción y un arquitecto, al banquillo por obras no realizadas

«La obra se hizo de acuerdo con lo que me dijo la Junta de Extremadura –aseguró el constructor–. Realmente se debería haber hecho un reformado en el proyecto, pero no era viable porque eso hubiera dejado sin terminar una reforma en el colegio más grande de Extremadura, con más de 1.000 alumnos, y nos habrían corrido a gorrazos».

Estas explicaciones formaron parte del minucioso interrogatorio al que fue sometido en la Audiencia de Badajoz el constructor al que Educación encargó las reformas del colegio público Guadiana y del instituto Zurbarán de Badajoz en el verano de 2018.

La obra más ambiciosa afectaba al colegio Guadiana, para el que se aprobó un proyecto de 241.894 euros. Más modesta era la del instituto Zurbarán, que ascendió a 82.174 euros.

Pero aunque las obras se certificaron conforme a lo recogido en los proyectos, una inspección realizada por la Unión Europea detectó que algunas de las unidades de obra no se habían llevado a cabo. Por ejemplo, un segundo aseo adaptado para personas discapacitadas en el instituto Zurbarán que no se realizó.

Uno de los técnicos que firmó esas certificaciones fue el arquitecto técnico del Servicio de Obras y Proyectos de la Delegación Provincial de Educación, Enrique O.G., para quien el letrado de la Junta de Extremadura pide tres años de prisión.

En el juicio que desde ayer se celebra contra él aseguró este procesado que su cometido era vigilar la «correcta conclusión de la obra desde el punto de vista económico» pero no comprobar que la obra se hubiese realizado de forma adecuada. «Para eso ya había una dirección facultativa externa», explicó.

Enrique O.G. rechaza por tanto haber estado al corriente de las modificaciones que se introdujeron en los proyectos. «Yo al final sí me di cuenta de que había algunas variantes, pero económicamente coincidían con el proyecto aprobado y siempre favorecieron a la administración o se hicieron a coste cero».

Esas afirmaciones no coinciden con lo dicho por José Antonio D.M., socio y administrador de 'Estudio 13', la empresa que reformó esos dos centros educativos. «Tendríamos que haber hecho un reformado en el proyecto, pero era inviable porque la cubierta ya estaba desmontada y el reformado hubiera tardado un año, de modo que se hicieron las certificaciones conforme a lo que me dijo la Junta de Extremadura».

José Antonio D.M. asegura que los cambios fueron consensuados por todas las partes para que las clases se pudieran impartir con normalidad en septiembre y dejó claro que siempre fue Enrique O.G. «quien decía lo que había que hacer».

El constructor reconoció que los cambios en el proyecto del colegio Guadiana superaban el 10% que permite la ley, por lo que el modificado habría sido indispensable. «Pero en las obras que se hacen en verano no queda más remedio que hacer esto».

También se sentó en el banquillo Manuel M.R., el director facultativo de la obra que se realizó en el instituto Zurbarán. A él lo contrató Educación para hacer el seguimiento, razón por la que se enfrenta a una petición de pena de dos años de prisión.

Manuel M. R. coincidió con el constructor en que todas las decisiones las tomó Enrique O.G. como representante de Educación. «Yo en esa época trabajaba poco con la administración y desconocía los trámites administrativos. Pero al ver una práctica algo rara pedí que el técnico de la administración firmara antes que yo la certificación de la obra».

Este extremo había sido rechazado unos minutos antes por Enrique O.G. en su interrogatorio, aunque en la parte final de su declaración no descartó del todo la posibilidad de haber firmado las certificaciones antes que el director facultativo.

«Pero en la certificación aparece que se sustituyó toda la cubierta cuando en realidad no se hizo. ¿por qué se prestó a firmar?», le preguntó el fiscal. «Porque me dijeron que el centro tenía que abrir y que era una práctica habitual. firmé por un bien mayor», concluyó Manuel M.R.

Lo dicho por los tres procesados no deja dudas sobre el hecho principal: las obras no se hicieron en su totalidad a pesar de que se certificaron. El objetivo ahora es saber quién fue el responsable y si eso supone un delito.

Los acusados han defendido que ese dinero se destinó a hacer cosas que no se contemplaban en los proyectos pero hacían falta, cómo abrir una puerta para conectar la escalera de emergencias o techar el porche del patio de recreo.

La Fiscalía cree que hubo un delito continuado de falsedad en documentos oficiales en su modalidad imprudente del que acusa a Enrique O.G., para quien propone una multa de 2.700 euros. De ese delito considera cooperadores necesarios a José Antonio D.M. a Manuel M.R. y al director facultativo de la obra del colegio Guadiana, aunque este último no ha podido ir a juicio porque ya ha fallecido.

Además, hace responsable civil subsidiario a Estudio 13 del perjuicio económico que pueda sufrir la Junta de Extremadura en este procedimiento dado que perdió la subvención del 80% que le había concedido la Unión Europea para esos proyectos.

Más allá va la Junta de Extremadura en su acusación particular, pues entiende que hubo un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso ideal con un delito continuado de malversación de caudales públicos, hechos para los que propone tres años de prisión para el funcionario.

También acusa a Manuel M.R. de un delito de falsedad documental para el que interesa dos años de prisión, y considera partícipe de los hechos a título lucrativo a Estudio 13, representado por José Antonio D.M., a quien solicita que abone a la Junta de Extremadura los 64.713 en los que fueron presupuestadas las partes de la obra no realizadas. Para el constructor no solicita la acusación particular pena de prisión por lo que su posible responsabilidad sólo es económica.

Distinto es el planteamiento de las defensas, que piden la absolución de los procesados al considerar que las obras realizadas superan en importe a lo proyectado.