¿Qué ha pasado este jueves, 4 de diciembre, en Extremadura?
Miguel Ángel Gallardo, rodeado de periodistas el día de su declaración ante la jueza Beatriz Biedma. J. V. Arnelas
Caso Azagra / Hermano del presidente del Gobierno

La Fiscalía no ve fraude de ley en el aforamiento de Gallardo y defiende que la causa completa pase al TSJEx

El escrito del Ministerio Público responde a la exposición que la jueza Beatriz Biedma presentó ante el tribunal

Rocío Romero

Badajoz

Viernes, 20 de junio 2025, 11:17

La Fiscalía no ve fraude de ley en el aforamiento del secretario general de los socialistas extremeños y ex presidente de la Diputación de ... Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, en la causa abierta por el juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz debido al contrato del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la institución provincial.

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El Ministerio Fiscal pide también al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que asuma la causa completa. Esto es, no solo la parte que afecta a Gallardo como aforado, sino también a Sánchez y a los otros nueve imputados.

Este escrito de la Fiscalía responde a la exposición razonada que la jueza Beatriz Biedma presentó ante el TSJEx cuando supo formalmente que Miguel Ángel Gallardo se había convertido en diputado, y por tanto en aforado, un día antes de que ella dictara el auto de juicio oral y cuando aún no sabía que el ex presidente de la Diputación había dado ese paso.

En esa exposición razonada, Biedma consideró que Gallardo podría haber cometido fraude de ley al convertirse en diputado con el objetivo de aforarse ante la jurisdicción ordinaria y que la causa completa pasara al Tribunal Superior.

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Biedma argumentó que, para convertirse en diputado, fue necesario que una diputada (Maricruz Rodríguez) renunciara a su escaño y que otros cuatro socialistas que aparecían en la candidatura del PSOE por delante de Gallardo rechazaran tomar posesión de este «de forma exprés y conjunta».

Considera que pudo existir fraude de ley porque «las prerrogativas inherentes al cargo público, como el aforamiento, fueron concebidas para proteger las funciones de ese cargo público, no a la persona que lo ostenta, no siendo admisible que en un Estado Democrático se utilicen las instituciones públicas y los privilegios que de ellas derivan para fines propiamente personales». Biedma añadió: «El acceder a la Asamblea Parlamentaria de Extremadura, tras la dimisión y renuncia coetánea de cinco personas y con la finalidad de conseguir el aforamiento, no sería sino otra muestra más del patrón de comportamiento (...) cual es el conseguir un fin ilegítimo mediante el uso de mecanismos formalmente legales, utilizando las instituciones públicas en beneficio propio o de allegados».

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La Fiscalía, en cambio, indica que el fraude de ley se produce cuando se intenta evitar la aplicación de una norma principal y directa, mediante la utilización de otra norma secundaria, parcial o incompleta. Y añade que este no es el caso. «No concurren los elementos constitutivos del fraude de ley, ni con carácter general ni en el ámbito procesal. Y no ya porque el señor Miguel Ángel Gallardo (y sus compañeros/as de formación política) no hayan actuado de forma clandestina todo lo contrario, puesto que el asunto no ha podido tener mayor impacto mediático y social, sino porque en este caso no se ha utilizado una norma de cobertura para eludir una norma principal y directamente aplicable».

«No se ha acudido a la normativa electoral para vulnerar la procesal, sino que (Gallardo) se ha limitado a hacer uso de las opciones que la legislación procesal pone a su alcance. Es evidente que la maniobra conjunta que ha concluido en su aforamiento es cuando menos peculiar, pero no estamos aquí para formular valoraciones éticas ni políticas, sino estrictamente legales, y en concreto procesales».

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La Fiscalía admite que «parece evidente que el Señor Gallardo prefiere -llegado el caso- ser juzgado por el TSJ y sus razones tendrá, pero si encuentra el apoyo necesario en su partido para lograr el aforamiento, y se respeta la normativa electoral, lo innegable es que la legislación procesal se lo permite».

Una vez que defiende que Gallardo no ha cometido fraude de ley, la Fiscalía argumenta que la causa debe pasar de forma íntegra y con los once investigados al TSJEx porque un enjuiciamiento por separado de los imputados podría llevar a «pronunciamientos judiciales contradictorios e incompatibles entre sí».

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A pesar de la apertura de juicio oral por parte de la jueza Biedma, la Fiscalía recuerda que está pendiente de resolución su recurso contra la transformación de la instrucción en procedimiento abreviado ante la Audiencia, en el que pedía el sobreseimiento de la causa. La Audiencia también deben decidir sobre los recursos presentados por las defensas de todos los investigados.

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