Cuatro policías locales de Badajoz se enfrentan a más de 20 años de cárcel por entrar en un piso y agredir a cinco personas

En el escrito de acusación se explica que sobre las 4.10 horas del día 30 de mayo de 2020, coincidiendo con la etapa de confinamiento domiciliario, cuatro agentes de la Policía Local se personaron en un domicilio de la plaza Francisco Vera tras apreciar «por propia iniciativa ruidos y posibles molestias a los vecinos».

En ese momento les abrió la puerta el perjudicado, quien ante la insistente solicitud de los agentes para que les entregara el DNI (al parecer pretendían identificarlo para así cursar contra él una denuncia administrativa), se negó tanto a identificarse como a facilitarles el documento mientras les indicaba «que estaba en su domicilio y no en la vía pública».

El varón utilizó un tono correcto y educado. Además, les transmitió a los agentes su condición de abogado.

Ante esa negativa, le advirtieron que sería doblemente sancionado (por molestias o ruidos y por no identificarse ante los agentes de la autoridad). Antes de marcharse le requirieron que cesara en los ruidos molestos, todo ello sin que se produjese incidente alguno.

Se da la circunstancia de que el salón y el balcón de la vivienda en la que se produjeron los hechos se encuentra situada justo enfrente de la zona de aparcamientos anexa a la inspección de la Policía Local en Valdepasillas.

Tras esa primera intervención la Policía Local regresó al domicilio a las 5.15 de la madrugada. En ese momento ya iban encabezados por un oficial al que seguían otros tres agentes municipales.

Eran las 5.23 cuando llamaron de nuevo al piso y el oficial volvió a pedirle el DNI, pero el inquilino le dijo que no lo tenía y se dispuso a cerrar la puerta, momento en el que este mando dio un fuerte empujón a la puerta e irrumpió en el interior seguido por los restantes funcionarios, todo ello sin orden judicial ni consentimiento del varón que había abierto la puerta, quien vivía en ese piso junto a su novia.

El joven corrió despavorido hacia el pasillo interior, llegando a chocar con su novia, que hasta ese momento grabó todo lo ocurrido desde una esquina del pasillo, tal y como había hecho durante la primera intervención de la Policía Local.

La Fiscalía cree que en el pasillo se produjo un forcejeo entre los policías locales y las personas que se encontraban en la vivienda, hasta el punto de rasgar y romper sus ropas. La pareja del joven que abrió la puerta lo agarró para tratar de llevarlo hacia el salón y evitar que lo sacaran del piso mientras les recriminaba que no tenían autorización para actuar de ese modo, momento en el que también ella fue zarandeada y golpeada por los policías.

En su auxilio salieron los amigos que se encontraban en ese momento dentro de la vivienda, quienes se interpusieron entre los policías locales y el joven que había abierto, que logró introducirse en el salón y llamar a la Policía Nacional pidiendo auxilio, si bien fingió estar sufriendo un asalto a palos para lograr que los policías acudieran con rapidez.

Al percatarse los municipales de que había alertado a la Policía Nacional, el oficial que dirigía esa actuación decidió detener a su novia con la ayuda de los otros agentes. Fue en ese momento cuando el joven y sus amigos intentaron evitarlo, iniciándose un nuevo forcejeo en el que recibieron todos ellos golpes que les propinaron los policías con sus defensas.

Finalmente se llevaron detenido al joven que había abierto la puerta sacándolo a rastras hasta el rellano, «donde emplearon una agresividad desproporcionada para reducirlo» a pesar de tratarse de una persona que padece una grave enfermedad neurológica degenerativa.

En el escrito de acusación se indica que lo introdujeron en el ascensor totalmente desnudo, lo pusieron de rodillas y lo esposaron. Después lo sacaron del edificio y fue trasladado a un centro hospitalario en el que fue atendido antes de ser llevado en calidad de detenido a la Jefatura Superior de la Policía Nacional.

A las 7.01 de la mañana los funcionarios de la Policía Local que habían participado en esa intervención narraron lo sucedido «mutando de forma sustancial la realidad» hasta el punto de formular una denuncia en la que acusaban al arrestado de haber cometido un supuesto delito de desobediencia y de atentado a agentes de la autoridad. En esa comparecencia «omitieron de forma intencionada que habían entrado en la vivienda sin autorización» y argumentaron que actuaron en supuesto auxilio de alguien que reclamaba su ayuda a voces desde el interior de la vivienda. También dijeron que cuando entraron en el piso el joven ya se encontraba semidesnudo y que habían sido los ocupantes de la vivienda los que habían comenzado a agredir a los agentes.

Esta versión mendaz de lo ocurrido la mantuvieron los cuatro agentes antes de saber que existía un vídeo en el que se mostraba lo contrario.

Como consecuencia de estos hechos el joven que abrió la puerta sufrió distintas contusiones que requirieron una primera asistencia facultativa y tratamiento psiquiátrico. Tardó 180 en sanar y le quedó como secuela un estrés postraumático moderado. Otro de los ocupantes del piso también sufrió lesiones y trastorno de estrés agudo, tardando en curarse 180 días.

Una tercera persona recibió un golpe directo del oficial, quien le causó un traumatismo contuso de muñeca con fractura del hueso cubital que precisó 60 días de curación. Y hubo un cuarto afectado con contusiones menores.

La Fiscalía entiende el oficial de policía cometió un allanamiento de morada (la Fiscalía pide 2 años y medio de prisión), dos delitos de detención ilegal (cinco años de prisión por cada detención), tres delitos de lesiones (un año de cárcel por cada uno de los tres delitos), dos delitos leves de lesiones (multa de 600 euros por cada delito), un delito contra la integridad moral por trato degradante (dos años de cárcel), un delito de falsedad de documento oficial cometido por funcionario público en concurso ideal con un delito de acusación y denuncia falsa (cinco años de cárcel) y un delitos de falso testimonio (dos años de cárcel). Al resto de los agentes los acusa de los mismos hechos excepto de uno de los delitos de lesiones

La acusación pública también propone que los agentes sean inhabilitados para el ejercicio de la profesión policial durante 15 años y el abono de varias indemnizaciones que suman más de 16.000 euros.