Los acusados de crear un grupo de Facebook para echar a Fragoso de la alcaldía, a juicio

La denuncia inicial fue presentada por Fragoso contra Roberto Aguado, Antonio García-Borruel, José Antonio Hinchado Alba, Daniel Castella, Joaquina Boceta y Alberto J. López. Cinco años después, la Fiscalía ha formulado un escrito en el que confirma la supuesta participación de algunos de los implicados (quedan fuera Alberto J. López y Daniel Castella porque sus identidades no han podido ser plenamente confirmadas) y se incluyen otros nombres que no aparecían en la denuncia inicial. Se les acusa de formar parte de una «organización criminal» que cometió media docena de delitos para los que se solicitan penas que, en uno de los casos, supera los 13 años de prisión.

En el escrito de acusación se indica que los administradores de esa página eran Antonio García-Borruel. (sobrino del entonces concejal de Cs Luis García-Borruel), José Antonio Hinchado y Joaquina María Boceta. Además, actuaba como moderador Roberto Aguado, también procesado por esta causa.

De este grupo derivaron los chats 'Badajoz Limpio', 'Badajoz limpio de corrupción' y 'Transparencia de Badajoz', del que eran administrador Alberto C.M. y usuarios Pedro L.G y Juan José O.P.

Contra todos ellos se dirige la acusación de la Fiscalía, que apunta también a Belén C.A.L. porque intervenía de forma destacada en los perfiles creados bajo la identidad falsa de Marse Pérez (localizado en el teléfono de Antonio García-Borruel), Luisa Proton, Petra Portillo, Pepa Pig (usado principalmente por Belén C.A.L.), Lola Navarite o Paco Trofeo. A través de ellos se dedicaron a «atribuir hechos delictivos» a autoridades municipales, funcionarios del ayuntamiento y empresas contratadas por el consistorio.

La Fiscalía cree que desde el verano de 2016 Antonio García-Borruel, José Antonio Hinchado, Roberto Aguado y Belén C.A.L. se pusieron de acuerdo para crear un grupo que se dedicó a difundir graves acusaciones, a pesar de saber que no eran ciertas, para hacer prosperar una moción de censura contra el entonces alcalde. En ese momento Fragoso tenía el apoyo de Cs pero si este partido le hubiese retirado su confianza podría haber colocado en la alcaldía al socialista Ricardo Cabezas.

Para justificar esta acusación la Fiscalía tiene en cuenta una de las conversaciones mantenidas por Antonio García-Borruel el 22 de marzo de 2016. Ese día le preguntaron «cómo llevaba los deberes» y él respondió que «como todas las noches, viendo facturas del Ayuntamiento» «para ver si encuentro tema y nos colocamos de una puta vez», «ganar pasta, ganar elecciones, ganar puestos».

«No se podía hacer una pela mientras estén los políticos por medio», añadió Hinchado.

Considera la Fiscalía que «publicaban noticias irreales e insultos, o atribuían casos de corrupción a personas cercanas a los funcionarios municipales o que se encontraban dentro de la esfera del Partido Popular», «excediendo sobremanera a la libertad de expresión y el derecho de información, al faltar a la veracidad de lo que publicaban, con la finalidad última de generar un rechazo global a cualquier posición cercana a los elegidos democráticamente como gestores del Ayuntamiento».

Los responsables de estos hechos se coordinaban a través de grupos cerrados de whatsapp en los que actuaba como administrador Alberto C.M., «que teniendo capacidad para ello, no eliminaba los ataques que eran reflejados y aumentados por los usuarios Pedro L.G. y Juan José O.P.».

La lista de acusaciones recogida por la Fiscalía es extensa y habla de «adjudicaciones a dedo», «clientelismo empresarial y favoritismo de unos golfos hacia empresas pantalla», «gente sin preparación y lameculos expertos apoltronados». También de «baldosas que se compran a una empresa amiga», «reparto de puestos públicos de trabajo y adjudicaciones entre un grupo de amigos y familiares».

Resume la Fiscalía que los comentarios afectan «a todos los perjudicados» a los que se referían como «perros, trileros, chorizos, caraduras, inútil o enano». «Esas expresiones no guardan correlación alguna con el derecho de expresión o de emisión de información veraz, fueron ataques gratuitos e innecesarios al honor que en nada coadyuvan a la crítica que podría fundamentar el derecho a la emisión de opiniones o información en el seno de una sociedad libre».

La Fiscalía entiende que los hechos constituyen un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito continuado de calumnia, un delito continuado de injurias, un delito de incitación al odio, un delito continuado de falsedad en documento oficial y público, y un delito de denuncia falsa.

De todos estos hechos hace responsable a Antonio García-Borruel, para quien pide 13 años y 9 meses de prisión (9 meses por pertenencia a grupo criminal; 2 años y 6 meses por calumnia; 3 años por el delito de odio; otros 3 años por falsedad; y 4 años y seis meses por descubrimiento y revelación de secreto). A ello se unen varias multas.

La acusación también se dirige contra Belén C.A.L. por pertenencia a grupo criminal, calumnia, injurias e incitación al odio. En total, se enfrenta a 5 años y 9 meses de prisión. De los mismos delitos se acusa a José Antonio Hinchado y Joaquina María Boceta, que afrontan peticiones de 5 años y 3 meses de cárcel.

Esos mismos cargos pesan contra Roberto Aguado, pero la pena que se solicita para él es mucho menor porque se le aplican las atenuantes muy cualificadas de confesión de los hechos y reparación parcial del daño. En este caso la Fiscalía pide 3 meses de prisión por pertenencia a grupo criminal y 6 meses de prisión por el delito de incitación al odio.

Finalmente, para Alberto C.M se proponen 2 años y 6 meses de prisión por el delito continuado de calumnias y dos años de prisión por incitación al odio.