Un sector de 140 millones de euros

Una parte del problema es coyuntural debido a la meteorología registrada durante la campaña. Las lluvias persistentes que se registraron durante los pasados meses de mayo y junio han provocado que se pierda alrededor del 40% de la cosecha.

Desde las cooperativas hemos renegociado con las empresas transformadoras el precio del tabaco para tener en cuenta esa bajada de rendimientos y se han mejorado los precios de los contratos firmados en el mes de marzo; aún así, consideramos que no va a ser suficiente por la importante caída del rendimiento. Además, una menor producción supondrá una reducción de actividad que afectará a cooperativas, industrias transformadoras y empresas de servicios de la zona productora tabaquera. Tanto que pediremos medidas excepcionales para la sostenibilidad del sector, en forma ayudas económicas y líneas de financiación con condiciones preferentes, así como la posibilidad de que las cooperativas puedan acogerse a ERTE por causas de fuerza mayor, en un año tan complicado como este.

Estructuralmente ya veníamos experimentado una bajada de volumen en la producción, que se debe a una pérdida continuada de rentabilidad de explotaciones porque hay un menor rendimiento del cultivo al no disponer de herramientas adecuadas como herbicidas, productos más adecuados para el control de brotes o tener fuertes limitaciones en el uso de fumigantes.

Si cada hectárea de cultivo da menos producción, al final lo que supone es que el agricultor ingresa menos dinero, a pesar de que suban los precios, porque no podrá cubrir los elevados costes de producción que debe asumir.

A todo esto, se suma el problema de la falta de relevo generacional. Es preciso y es el momento adecuado para reconducir todo esto con el objetivo de que un sector tan importante socialmente, tenga futuro.

Por si no fuera suficiente, hay un exceso regulatorio que puede contribuir a enterrar el cultivo. Y es que el Real Decreto 12/2023 enmarcado en la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, está teniendo ya un importante impacto. Según esto, se deben comunicar todos los movimientos de tabaco que realizan los productores y en estas fechas de campaña son miles, además y como novedad este año, se va a exigir una contabilidad informatizada. La carga burocrática es excesiva, pero es que además hay que comunicar el peso exacto de tabaco en los movimientos y en el almacén, cuando se trata de un producto vivo, que coge o pierde agua y, por tanto, el peso puede variar en minutos. De tal modo, puede haber variaciones entre lo que se comunica y lo que se transporta, con importantes sanciones económicas.

Una situación, sin duda, muy preocupante que va a poner en peligro toda la actividad y todo un sector, al que se pone en el mismo nivel que a los delincuentes que practican el comercio ilícito de tabaco. Más aún si tenemos en cuenta que todo lo que se pide en esa norma ya se está haciendo por parte del sector a través de un Decreto regional.

La Administración debería haber contado más con el sector para regularlo de forma más adecuada a la realidad. En esto y en el establecimiento de convenios con industrias manufactureras que tienen interés en comprar tabaco en España. Que se hagan esos acuerdos es positivo, pero deben ser beneficiosos para el sector incluyendo un factor de sostenibilidad económica para las explotaciones. Si no se tienen en cuenta los altos costes de producción, que han subido muchísimo en los dos últimos años, y que el productor necesita unos precios razonables para mantener su rentabilidad y simplemente vivir de su trabajo, los acuerdos no serán útiles.