Denuncian la situación crítica de los acuíferos y la falta de acción de la Administración

EUROPA PRESS MADRID.

La situación de las aguas subterráneas es España es crítica y las administraciones no están haciendo lo suficiente para evitar un «panorama negro» de los recursos hídricos, según denunció ayer un grupo de expertos en el marco las jornadas 'El agua y el futuro de los suministros sostenibles: Visión2020+', organizadas por el madrileño Instituto Coordenadas.

Durante las jornadas, el vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, advirtió del «alto grado de disfunción entre la gravedad del problema y las acciones emprendidas por las administraciones públicas».

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el entorno de Doñana se han cerrado unos 250 pozos y 11 depósitos privados; en la cuenca del Segura, se han tramitado, desde 2013, orden firme de clausura para un total de 300 pozos; en la del Tajo, se han incoado 117 expedientes sancionadores en los tres últimos años; en la del Guadiana, se han clausurado 87 pozos desde 2010, y en la cuenca del Júcar, se han registrado 59 expedientes sancionadores sobre extracciones de aguas ilegales.

Sin embargo, Lambás considera que se trata de «una gota de agua en medio de un océano», ya que el mismo Ministerio admitía en 2006 la existencia de 510.000 pozos ilegales en España y la organización Greenpeace afirma que son más del doble.

Esto ha llevado a que por ejemplo, Doñana esté en una situación «crítica» por el uso ilegal de su acuífero para el riego, «ante la pasividad de las autoridades andaluzas y españolas», según Lambán.

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