El agro francés a lo suyo, y a lo de nadie más

En todo caso es importante recordar que la presión de los agricultores franceses no solo se dirige contra Bruselas. No hay que echar mucho la vista atrás para rememorar numerosas acciones vandálicas en suelo francés contra nuestros camiones y su contenido, que ahora se reproducen. Y así han actuado siempre que consideran que nuestras ventas a Europa les perjudican, al no poder competir con nuestras producciones. Todo ello con una timorata reacción por parte del gobierno francés y de la Comisión Europea.

En este caso y dentro de las quejas de las propias autoridades francesas, la competencia de los productos agrarios españoles también se ha puesto sobre la mesa, olvidando que estamos en un mercado único y que las reglas del juego son las mismas para todos. Otra cosa es que la climatología, la productividad o el propio dimensionamiento de las explotaciones hagan que, para determinados cultivos, unas zonas productoras sean más competitivas que otras.

En definitiva, es cierto que muchas de las cuestiones que reclaman los agricultores franceses son de interés común y, quizás, esta vez beneficien a nuestro sector; me alegraré por ello. Pero no deja de indignarme ese matonismo consentido, con el que conocedores de su fuerza, intentan imponer sus criterios a las bravas. Ya va siendo hora de que las autoridades europeas, dado que las francesas en el mejor de los caso miran para otro lado, o sus propias organizaciones agrarias, controlen esta endémica forma de actuar del sector agrario francés.

Sería un error unirse incondicionalmente a un movimiento que también se posiciona en contra de nuestros agricultores y que, más pronto que tarde, volverá a mostrar su individualismo y su interés en defender a su sector, al francés, no al europeo, y muchísimo menos al español.

En todo caso, la fuerza que tiene el agro en este país y la capacidad de presión e influencia que ejercen en los gobernantes es una muestra más de la relevancia que en pleno siglo veintiuno sigue teniendo la agricultura en Europa. La cuestión es que la política agraria se dirige mayoritariamente desde Bruselas y cualquier cambio para satisfacer las demandas de los agricultores franceses impacta en toda la Unión Europea. Esto tiene dos enfoques, por un lado la reticencia de la Comisión a hacer cambios a pesar del enorme peso de Francia, y por otro la atención con la que los agricultores y organizaciones agrarias del resto de los países observan la evolución del conflicto, cuyas exigencias comparten en buena parte. La realidad es que las exigencias de la actual Política Agraria Común son desmedidas, como la obligatoriedad del barbecho, la reducción de fitosanitarios o el aumento en el corto plazo de hasta el 25% de la superficie de agricultura ecológica.

También es de interés común la exigencia de prohibir la venta a pérdidas, o conseguir los llamados precios justos, aunque nadie sepa cuantificarlos demasiado bien, más allá de la condición de mínimos de que deben superar los costes de producción. Para luchar contra ambas anomalías en España existe la Ley de la Cadena Alimentaria, si bien es cierto que no ha erradicado el problema.

Los acuerdos de Mercosur son vistos de diferente manera. Por un lado la presidencia española intentó dejarlos cerrados, a pesar de que nuestro sector ganadero siempre los ha visto con recelo. Por otro, los agricultores galos lo consideran altamente lesivo para su sector.

Otro tema de desacuerdo es el caso del cereal ucraniano que beneficia de forma clara a España, que tiene en Ucrania el mayor centro de importaciones de cereal, seguido precisamente por Francia. Por tanto, para el importante sector exportador galo, la entrada preferencial de cereal ucraniano les perjudica de forma sustancial.