Dudas del sector ecológico

Hace más de un año estaba previsto que entrara en vigor el Reglamento 2018/48 que regula la producción ecológica y el etiquetado de los productos que de ella se obtienen. Sin embargo, la crisis sanitaria de la covid-19 ha hecho que su aplicación no haya sido efectiva hasta comienzos de 2022.

Uno de los objetivos más destacables es que en 2030, dentro solo de 8 años, el 25% de la superficie agraria europea sea ecológica. En 2019 esta ocupaba un total de 13,8 millones de hectáreas, lo que representaba el 8,5%, según los últimos datos publicados por la Oficina Europea de Estadística. Desde 2012 hasta 2019 se incrementó en un 46%, por lo que cuesta creer que en un espacio de tiempo similar se pretenda aumentar en un 300%, y así cumplir con los objetivos establecidos. Dado que en la actualidad la producción ecológica ya está siendo muy favorecida tanto por las normas europeas como por las nacionales y regionales, es difícil pensar que se pueda alcanzar esta ambiciosa meta sin presionar excesivamente a un mercado que quizás no esté todavía preparado para este reto.

España disponía en 2019 de más del 17% de superficie ecológica de la Unión Europea (UE), con alrededor de 2,4 millones de hectáreas. Esto nos sitúa como el mayor campo ecológico en valor absoluto, aunque en términos relativos bajamos mucho en el ranking y ocupamos la decimotercera posición, con un 9,7% de nuestra superficie agraria. Otro problema es que mientras en Cataluña y Andalucía ya se ha alcanzado el 25% de superficie ecológica, otras grandes territorios agrícolas como Castilla y León se sitúan en poco más del 2%.

Al final el objetivo motor debería ser incrementar el consumo de forma sustancial. Sobre este punto, el comisario europeo de agricultura ha subrayado en numerosas ocasiones, que el interés de la Comisión en promover este mercado no se debe a que los productos convencionales sean menos seguros, sino a que los ecológicos son más saludables, de más calidad y más respetuosos con el bienestar animal. Sobre la cuestión de su salubridad y su calidad habría mucho que decir, ya que hay un intenso debate en el campo científico todavía no resuelto, y no está nada claro que un filete de ternera, un pimiento o un vino sean más saludables por haber sido obtenidos en ecológico. El bienestar animal tampoco parece un factor diferencial, ya que las normas que lo regulan son de obligado cumplimiento para todas las ganaderías, sean de uno u otro modelo. Otra cuestión es el impacto que pueda tener en el medioambiente la producción en intensivo, que por cierto, solo es parte de la producción convencional, ya que la ganadería extensiva también tiene un importante peso en el PIB agrario.

La Comisión ha defendido que la producción será más homogénea y los requisitos iguales para cualquier productor europeo, independientemente del país de origen. Un argumento que llama la atención, ya que anteriormente también estaba regulado por un reglamento europeo de aplicación directa en todos los Estados miembro, sin necesidad de trasposición a la norma de cada país. Además, llama poderosamente la atención que siendo España el principal productor europeo, exista una oposición significativa por parte del propio sector. Lo habitual es que los países que se encuentran en la vanguardia, tengan un importante protagonismo en las mejoras regulatorias y, por tanto, salgan razonablemente satisfechos de su desarrollo.

Una de las quejas de parte del sector ecológico es que hay una falta de coordinación. Además de la ya mencionada diferencia entre unas regiones y otras, se lamentan de no haber sido adecuadamente incorporados en el proceso negociador. Esta falta de coordinación se traduce en que de la casi treintena de organizaciones que hasta la fecha podían acreditar las explotaciones ecológicas, por el momento solo dos están habilitadas de acuerdo con este nuevo reglamento, lo que puede suponer un estrecho cuello de botella.