Una nueva norma de calidad para los aceites vegetales

El Consejo de Ministros aprobó este miércoles una nueva norma de calidad para los aceites vegetales, que actualiza la vigente reglamentación técnico-sanitaria sobre estas grasas comestibles, en vigor desde 1983.

En concreto, Agricultura ha precisado que esta revisión responde a la necesidad de adaptar la normativa a la realidad actual del sector y a las nuevas demandas de los consumidores, tras más de 40 años sin cambios significativos.

De esta forma, la nueva norma abre el reconocimiento como aceites vegetales a nuevas materias primas, que hasta ahora estaban limitados solo a ocho refinadas (soja, girasol, cacahuete, algodón, germen de maíz, colza, cártamo y pepita de uva), lo que generaba una clara desventaja competitiva para la industria española frente a productos elaborados en otros países de la Unión Europea (UE).

Además, permite la producción en España de aceites elaborados a partir de cualquier fruto o semilla autorizada para uso alimentario en la UE, como el aguacate o la nuez.

Por primera vez se permite la elaboración y comercialización de aceites vegetales obtenidos mediante procedimientos mecánicos (aceites de presión), que conservan mejor el aroma y sabor natural del fruto o semilla.

La normativa preserva el uso de la denominación 'virgen' o 'virgen extra' para los aceites de oliva, tal como establece la norma de calidad de éstos, vigente desde 2021 y también se impide la mezcla de los aceites vegetales con los aceites de oliva.

Respecto a los criterios de etiquetado, los productos deberán identificarse claramente como 'aceites de presión' o 'aceites refinados' y, en el caso de las mezclas se deberá indicar si alguno de los componentes ha sido refinado. Se podrán incluir menciones voluntarias como alto oleico o medio oleico cuando proceda.

La norma introduce nuevos parámetros y métodos de análisis para evitar fraudes, garantizar la autenticidad del producto y proteger al consumidor.

Agricultura ha señalado que el nuevo texto legislativo ha sido desarrollado con un «alto grado» de consenso entre las autoridades competentes de las comunidades autónomas y los representantes del sector, y representa un importante avance hacia una industria «más moderna, competitiva y transparente».