El Pleno obliga a Aqualia a estudiar a cada familia antes de cortarle el agua

Antes de cortar el suministro de agua a un pacense, la empresa concesionaria de este servicio municipal tendrá que consultar al Instituto de Servicios Sociales para que sus trabajadores sociales estudien cada caso. Es la medida que aprobó ayer el Pleno del Ayuntamiento para proteger a las familias que se encuentran en peor situación.

La iniciativa llegó al Pleno de este mes de la mano de Izquierda Unida, que presentó una moción por el derecho al suministro de agua potable. Durante el debate, la propuesta se modificó con la aportación del Gobierno local, que consiste en que sean los Servicios Sociales quienes determinen la situación de necesidad de cada usuario antes de decidir si se le corta el agua por impago. Incluso, se le podría abonar las facturas con las nuevas ayudas de emergencia social.

Durante la sesión no se ofreció el número de pacenses afectados por cortes de agua. El edil responsable de este servicio, Francisco Javier Gutiérrez, insistió en que ninguna persona que tenga reconocida la tarifa social ha dejado de tener suministro en su domicilio aunque no haya pagado las facturas.

En el debate se hizo hincapié en que esta medida solo favorezca a quien realmente la necesite. «Quien tenga recursos tiene que pagar», aseveró el portavoz de IU, Manuel Sosa, quien añadió que «ha habido mucha gente que se ha aprovechado de los Servicios Sociales y ha vivido del cuento. Pero eso no quita que haya gente con verdadera necesidad que no puede pagar este servicio básico». Sin embargo, defendió que todas las familias necesitadas asentadas en la ciudad que no puedan pagar el agua deben seguir teniéndola en sus casas. Sosa puso como ejemplo «los 80 ayuntamientos gobernados por IU en Andalucía que garantizan la luz, el agua y el gas» a los vecinos en riesgo de exclusión social.

El portavoz de los socialistas, Celestino Vegas, se mostró también de acuerdo en que el Ayuntamiento dé una respuesta a quienes no pueden hacer frente a estas facturas de agua.

Los tres partidos se pusieron de acuerdo en este punto, no así en otras dos mociones presentadas también por la oposición y dirigidas a mejorar la situación de los más afectados por la crisis. Los populares, que cuentan con mayoría al tener 16 ediles en el salón de Plenos, rechazaron la iniciativa del PSOE por la cual pretendían crear un Plan de Ayuda contra la Pobreza.

Los socialistas pretendían que el Ayuntamiento penalice a la empresa concesionaria de la limpieza viaria y recogida de basura, FCC, por los puntos del contrato que ha incumplido de forma que el Consistorio obtuviese dinero para destinarlo a ese programa.

Tampoco salió adelante la moción de IU para instar a la Junta de Extremadura con el fin de que agilice la concesión de la renta básica a los pacenses que tengan derecho a esta prestación. Los Servicios Sociales han atendido casi 5.000 consultas relacionadas con este tipo de ayudas, de las que han tramitado cerca de 2.000. La Junta ha concedido 21 y, según se dijo en el debate, se están abonando ocho.