CSI-F afirma que la reforma local podría acabar con 1.500 empleados públicos

Unos 1.500 empleados públicos podrían ser despedidos en Extremadura como consecuencia de la reforma de la Administración local que prepara el Gobierno central, aunque también podrían ser trasladados a otra institución municipal o ver modificadas sus condiciones laborales, según CSI-F.

Este anteproyecto de ley aprobado recientemente afecta de manera troncal a las condiciones de trabajo de los 30.647 empleados públicos de la Administración local extremeña, pero lo hace de forma más directa en unos 1.500, que son los laborales, indicó ayer el sindicato en un comunicado.

CSI-F rechaza esta nueva normativa legal porque a su juicio abre la puerta a la privatización de los servicios públicos y pone en riesgo puestos de trabajo.

Por ello, reclamó su negociación urgente en el ámbito de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex).

En este sentido, el sindicato demandó un catálogo básico de servicios públicos con el que acotar las privatizaciones y que debería determinar aquellos servicios que deben prestarse única y exclusivamente por los empleados públicos.

Esta futura reforma del ámbito local preocupa a CSI-F, insistió, ante los posibles despidos que podría acarrear y porque puede mermar la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos. CSI-F advirtió que en ningún caso aceptarán la modificación unilateral de las condiciones de trabajo de los empleados locales, por lo que exigió garantías sobre la estabilidad laboral del colectivo.