Consultorios y centros de salud se empiezan a quedar sin celadores

El fin de semana, en Guareña, el servicio de urgencias del centro de salud cerró durante unos minutos. Lo hizo en dos ocasiones. El equipo sanitario salió para una atención domiciliaria y mientras tanto el centro no estuvo abierto porque ya no trabajan ninguno de los cuatro celadores que había desde enero. Entre otras tareas, atendían en primera instancia al enfermo. Acababan contrato el día 30 pero como no habían disfrutado de sus quince días de vacaciones han adelantado su salida, sin relevo.

Desde el 1 de julio, salvo que se concrete antes una fórmula por parte de la Consejería de Salud o los municipios asuman ese coste (algo poco probable) esa realidad se va a extender a los núcleos rurales al acabar el contrato de 281 celadores, acogidos a un convenio que la Junta no va a renovar. El Ayuntamiento de Fuente del Maestre, gobernado por el PP, ha anunciado que suplirá la salida de los actuales celadores con personal procedente de su centro especial de empleo.

En Arroyo de San Serván, el alcalde, Juan Moreno (PSOE), no entiende el recorte presupuestario de la Junta en esta materia, «que es competencia suya», y confirma que el Ayuntamiento no pagará de sus fondos nuevos celadores. «Así no podemos seguir. Solo pido un poco de sensatez porque estamos hablando de cosas muy sensibles como la salud, más todavía cuando eso tiene implicación en las zonas rurales», subraya.

El alcalde arroyano ya ha comunicado a los cuatro celadores del consultorio local que a partir de julio se quedan sin trabajo.

Características

Israel Becerra, de 24 años, es uno de ellos. Sigue todavía en su puesto. «No es agradable estar aquí pensando que te quedas sin trabajo en pocos días. Igual no son conscientes de lo que supone esto no solo para las 281 personas que se van a la calle en Extremadura sino para la gente que viene al médico», concreta este joven que cobra algo más del salario mínimo interprofesional (780 euros al mes) por su labor.

«Es poco dinero pero a muchos le da para ir tirando. Yo vivo con mis padres pero conozco celadores padres de familia y para ellos el palo va a ser peor», añade Becerra. Los celadores del SES, a los que no les afecta la decisión, son empleados públicos y, de media, cobran el doble que los contratados bajo esa fórmula de colaboración entre la Administración regional y la local.

El joven de Arroyo de San Serván resalta que los celadores son parte importante de un buen engranaje sanitario en los pueblos. No solo están «para el coger el teléfono, informar o coger turno. He llegado a cambiar sábanas de enfermos y también he cogido la fregona para limpiar el consultorio. Se hace de casi todo». Algunos, incluso, alivian trabajo administrativo de médicos y enfermeros.

Desde 2001, el Gobierno regional y las localidades que contaban con centros de salud y puntos de atención continuada (PAC) tenían un acuerdo para un mejor funcionamiento de las urgencias. Servía para contratar celadores. Los ayuntamientos adelantaban el dinero y el Gobierno regional les abonaba después las cantidades.

Desde enero, un centenar de ayuntamientos, tras recibir una comunicación de la Consejería para que renovasen el acuerdo, iniciaron nuevas contrataciones. En este caso, por seis meses. En total, 281 celadores con un coste de 1,9 millones de euros, pagados exclusivamente por la Junta. En mayo, ésta anunció que ni iba a renovar el convenio ni tampoco va a pagar el sueldo de los que están trabajando desde enero porque la Junta no llegó a firmar el convenio. El dinero debe ser asumido por los Gobiernos locales. El PSOE va a llevar esta última decisión a los juzgados porque la considera ilegal.