Detectan más de un centenar de casos de fraude por trabajar y cobrar el paro

Antonio se mueve con la brocha y el pincel con la misma facilidad que un pez en el agua. Mira la habitación un par de veces de lado a lado y ya sabe los litros de pintura que necesitará. En un par de días habrá terminado y salvará la maltrecha economía familiar con los 200 euros que cobra por su trabajo. Eso sí, cuando sale a la calle a tomar el café, a media mañana, no se fía. Corre el riesgo de que le ocurra lo que a un compañero en idéntica situación a la suya, al que unas chapuzas caseras «para salir adelante» le han costado quedarse sin su prestación por desempleo.

El caso de Antonio (nombre ficticio) y su colega está cada vez más extendido en la economía cacereña. La crisis tiene mucho que ver en eso. En la Inspección Provincial de Trabajo se han detectado 121 situaciones de fraude de empresas y trabajadores solo en lo que va de año. Las infracciones pasaban por cobrar el paro al mismo tiempo que se seguía realizando algún tipo de actividad, de forma irregular.

«Estamos intensificando el control. Y además hemos mejorado la eficacia por la intensa colaboración que mantenemos con los servicios de empleo», señalan desde la Inspección Provincial. En las instalaciones de la avenida Primo de Rivera han la vigilancia sobre lo que denominan 'economía irregular'.

La crisis sirve como argumento para explicar el aumento de las situaciones de cobro irregular de subsidios o trabajos sin contratos por medio, pero también para entender un cambio de tendencia en la operativa de los inspectores. Antes, la construcción centraba una gran parte de las actuaciones. Ahora, con la actividad inmobiliaria bajo mínimos, el objetivo ha cambiado: bares y comercios están en el punto de mira. «Antes íbamos más a obras, la prioridad era la seguridad laboral», comenta un profesional. Mientras se desarrolla la conversación, uno de los 16 funcionarios que operan en Cáceres localiza a pie de obra a dos trabajadores en situación ilegal. «Les pides el nombre y te dan uno falso, aunque puede ser de otra persona. En ese caso se ha detectado que estaban sin contrato al verificar el nombre de los padres. No coincidía», revela un miembro de la Inspección. Allí se ha multiplicado por tes, aseguran, los casos de fraude y «un 500%» las acciones de control.

Curiosamente, eso no se traduce en un aumento de plantilla, casi la misma que en 2008 (15 miembros). En Cáceres hay un jefe de inspección, dos jefes de equipo, cuatro inspectores y nueve subinspectores. Forman la 'brigada antifraude'. Han tenido mucho que ver en las 600 personas que han sido sancionadas por trabajar sin estar dadas de alta en la Seguridad Social

Reconocen tener muchas dificultades para actuar, apenas disponen de colaboración y a ello se añade, resaltan, que «la economía sumergida está muy arraigada también por mentalidad». La nueva Ley, con sanciones que llegan a multiplicarse por cinco, sí ayuda. La patronal de la construcción lo advirtió: antes era más rentable exponerse a una multa que dar de alta a un trabajador.