El fiscal del caso Santa Bárbara pedirá que se investigue lo ocurrido a partir de junio de 2011

Pizarro con el edil de Urbanismo, José Antonio Hernández. :: hoy/
Pizarro con el edil de Urbanismo, José Antonio Hernández. :: hoy

Revela en un informe que solicitará remitir las actuaciones a un juzgado de Plasencia «en el momento procesal oportuno»

Claudio Mateos
CLAUDIO MATEOSPlasencia

El fiscal del caso Santa Bárbara tiene la intención de solicitar «en el momento procesal oportuno» que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) remita las actuaciones a un juzgado de primera instancia de Plasencia para que investigue lo ocurrido con las viviendas ilegales de la sierra a partir de junio de 2011. La decisión de pedir esta diligencia, que procesalmente se conoce como deducción de testimonio, aparece en el escrito de acusación de la Fiscalía, cuyo contenido íntegro aún no se ha hecho público. Sin embargo es el propio fiscal quien lo revela en un informe sobre el recurso de nulidad presentado por la defensa de Victoria Domínguez que esta semana ha sido desestimado por la Sala de lo Civil y Penal del TSJEx.

En ese informe, enviado al juez instructor, el fiscal reitera los argumentos que había ofrecido ya ante otros recursos de Domínguez para oponerse a que el TSJEx extienda la investigación sobre Santa Bárbara más allá de junio de 2011, que fue cuando Fernando Pizarro se convirtió en alcalde. Recuerda que el único motivo de que el TSJEx esté instruyendo esta causa es la condición de aforada de la diputada regional de Ciudadanos, aunque por razones de «conexidad procesal» estén también los demás investigados no aforados a los que se refieren las diligencias iniciadas en su día por el Juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia, cuyas indagaciones se centraron en el periodo comprendido entre enero de 2006 y junio de 2011 porque ese era el periodo que aparecía en la primera denuncia que se presentó en la Fiscalía.

Sin embargo en esta ocasión, tras insistir en que el TSJEx no puede investigar en esta causa hechos posteriores a esa fecha, matiza que eso «no es óbice para que sean debidamente investigados por el órgano judicial competente (Juzgados de Instrucción de Plasencia)». Avanza además que «en tal sentido se ha manifestado el Ministerio Fiscal de modo expreso, interesando en su escrito de conclusiones provisionales deducción de testimonio en el momento procesal oportuno».

Recurso

Esta posición de la Fiscalía es coherente con lo ya insinuado por el fiscal superior de Extremadura, Aurelio Blanco, en un escrito del 3 de julio de 2017 en el que pedía la desestimación de un recurso. Ante la insistencia de las defensas de varios de los investigados, Blanco apuntó entonces: «Que no le quepa ninguna duda a las interesadas que, de resultar necesario extender la responsabilidad a otras personas o miembros del equipo de gobierno municipal en otros periodos de tiempo, cualquiera que sea el signo político de los mismos, el fiscal ejercitará las acciones oportunas, bien en este procedimiento o mediante deducción de los testimonios correspondientes, de acuerdo con lo que revele y resulte de la tramitación de las presentes diligencias».

Eso es justamente lo que va a hacer ahora el fiscal. Fuentes jurídicas consultadas por HOY apuntan que el acto de pedir la deducción de testimonio, es decir, enviar las actuaciones al juzgado competente para que investigue, tan sólo se lleva a cabo si se aprecia que existen indicios de la comisión de un delito.

Tanto la defensa de Victoria Domínguez como la de Mónica García han venido insistiendo durante todo el procedimiento en que a partir de junio de 2011, cuando el PP llegó al poder, tampoco se hizo nada para revertir la situación de ilegalidad en la que se encontraban la mayor parte de las viviendas ilegales de Santa Bárbara, que de hecho siguen en pie sin que se haya derribado a día de hoy ninguna de las casas sobre las que pesaban, y pesan, órdenes firmes de demolición.

Siempre que ha sido preguntado por este asunto, Fernando Pizarro ha asegurado que desde el primer momento su equipo de gobierno inició los trámites necesarios para reactivar, con arreglo a la normativa vigente, los expedientes de disciplina urbanística que se encontraron parados al llegar al Ayuntamiento. Ha negado por lo tanto que se pueda acusar a su gobierno de inacción.

Hay que recordar que el Ayuntamiento está personado en el caso Santa Bárbara como acusación particular. Ha solicitado al juez la apertura de juicio oral y ha pedido penas de ocho años y medio de inhabilitación para Elia María Blanco, Victoria Domínguez y Mónica García. El fiscal, por su parte, pide para la exalcaldesa Elia María Blanco 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, más otros dos por otro de omisión de perseguir delitos. Para los exconcejales de Urbanismo Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho pide nueve años más un año y medio inhabilitación a cada uno por las mismas infracciones penales.

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