Extremadura tendrá en enero el nuevo decreto de teletrabajo

Empleados públicos en una oficina de la Junta de Extremadura. / HOY
Empleados públicos en una oficina de la Junta de Extremadura. / HOY

La Junta anuncia que embarazadas y víctimas de violencia de género tendrán preferencia

ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA.

Avanzar en la conciliación de la vida laboral y familiar en la administración pública es el fin del decreto que la Junta publicará el próximo mes de enero, según adelanta Función Pública, para regular el teletrabajo en Extremadura.

El último borrador negociado con las centrales sindicales establece que tanto las mujeres embarazadas como aquellas que sean víctimas de violencia de género tendrán acceso directo al teletrabajo. Hayan o no participado en la convocatoria, cumplan o no los criterios generales establecidos en el baremo.

Las mujeres que se encuentren en periodo de gestación «podrán solicitar si sujeción a plazo y obtener la autorización para prestar el servicio en régimen de teletrabajo, siempre que residan en localidad distinta donde se halle su centro de trabajo y así lo acrediten».

En este caso, además, «se dará por terminada la prestación del servicio de modo no presencial cuando finalice el periodo de gestación».

Del mismo modo, las mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género podrán solicitar el teletrabajo y obtener de forma directa la autorización por su condición. «Porque el objetivo es facilitarles a unas y otras que puedan compaginar su vida familiar y laboral y que lo puedan hacer, dadas sus situaciones, de la mejor forma posible», argumenta Guillermo Barroso, de Comisiones Obreras.

Por eso ambos colectivos están al margen de las condiciones que el resto deberá cumplir para optar al teletrabajo. Una fórmula que, como proyecto piloto, se estrenó en 2013 en la administración extremeña, y que ahora se quiere relanzar y consolidar. Es una opción que podrá elegir el personal funcionario y laboral que preste servicio en la Administración general y que no ocupe puestos de atención al público ni funciones que requieran servicios presenciales.

Tampoco quienes tengan autorizada o reconocida una compatibilidad con otro puesto de trabajo ni los que ocupen puestos con funciones de dirección, coordinación y supervisión, puestos eventuales o aquellos cuya forma de provisión sea la libre designación.

Todos aquellos que quieran optar al teletrabajo deben, por eso, estar en situación de servicio activo «o en cualquier otra situación administrativa que conlleve la reserva del puesto de trabajo», y deberán además llevar un año en el momento de registrar la solicitud.

El tiempo máximo en que un empleado tendrá teletrabajo será también de un año a contar desde la concesión de la autorización. Pero ello no significa que podrá trabajar los cinco días laborales desde casa. Porque en el borrador se establece que «la jornada de trabajo se distribuirá de manera que tres días a la semana se presten de forma no presencial mediante la fórmula de teletrabajo y el tiempo restante en jornada presencial».

Además de garantizar que el puesto de trabajo en su domicilio cumple con lo establecido en materia de seguridad y salud laboral. Los empleados que se acojan al teletrabajo deberán aportar el equipamiento básico para realizar sus tareas desde casa, «que estará constituido por un ordenador personal con acceso a internet a través de una conexión suficiente y segura, para que pueda desempeñar en su propio domicilio las tareas propias de su puesto de trabajo».

Además, corresponderá también a los empleados «solucionar las incidencias que le resulten imputables en el hardware o software de su equipo informático». Y, en caso de que se produzca un mal funcionamiento del equipo que le impida trabajar desde casa, «deberá incorporarse a su centro de trabajo al día siguiente».

El baremo

Función Pública adelanta que «la previsión es que el decreto de teletrabajo se publique en el mes de enero del próximo año».

Después la Junta sacará una convocatoria, con una periodicidad anual, en la que se especificará el número máximo de puestos de teletrabajo que pueden ser autorizados por cada consejería.

Tendrán prioridad los que tengan hijos con discapacidad reconocida (7,5 puntos por cada uno), los que tengan hijos menores de edad (desde 4 hasta 2 puntos según la edad de los niños), tener el cónyuge o pareja de hecho con discapacidad reconocida (5 puntos), un familiar a su cargo también con discapacidad (4). El trabajador recibirá 2 puntos si es familia monoparental, de 5 a 3 si padece una discapacidad y hasta un máximo de 2,5 puntos por la distancia entre la localidad de residencia y la del trabajo.

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