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Condenan al Sepad a restituir el servicio de logopeda a una niña autista

  • La administración decidió retirar el servicio a la menor al entender que había duplicidad, pues en su colegio ya lo estaba recibiendo, situación que ha quedado demostrado que no era cierta

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Mérida ha condenado al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) a restituir las sesiones de logopedia que recibía una niña autista y que le fueron retiradas.

Según recoge la sentencia, a la que EFE ha tenido acceso, la administración decidió retirar el servicio a la menor al entender que había duplicidad, pues en su colegio ya lo estaba recibiendo, situación que ha quedado demostrado que no era cierta.

A juicio de los padres de esta niña, «la única respuesta que había detrás de aquella decisión fueron los recortes en servicios sociales», manifestó la madre, Ana Belén Salas.

En rueda de prensa, Salas, que es también la presidenta de la Asociación de Personas con Trastorno del Espectro Autista (Aftea), denunció que existen más casos como el de su hija en los que también «se les están denegando tratamientos». En estos casos, dijo, «les hacen creer a los padres que al niño ya no le hace falta o, como en mi caso, que ya se les atiende en el colegio».

Salas manifestó que en el Colegio San Francisco, al que acude su hija, existen profesores especializados en Audición y Lenguaje, pero «no se trata de logopedas». Para la familia, esta sentencia también es importante pues «puede animar a otros padres a luchar por los derechos de sus hijos». El abogado que ha llevado el caso, Ángel Luis Aparicio, destacó que «la juez lo tuvo claro y dictó la sentencia al día siguiente del juicio».

La presidenta de Aftea indicó que le ha hecho llegar la preocupación al consejero de Sanidad, José María Vergeles, quien le ha respondido que están pendientes de la reforma del Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (Madex).

La sentencia, que es firme, condena además al pago de las costas procesales a la Junta.