Brotes verdes para el empleo público

La crisis ha terminado para el sector público. Es lo que muchos proclamaron la pasada semana cuando el Gobierno aprobó la mayor oferta de empleo de los últimos años, 13.427 plazas nuevas para turno libre y 5.694 de promoción interna. Pero aún no es suficiente para recuperar todo lo que se ha perdido. De hecho, la tasa de reposición, que mide cuántas vacantes por jubilación o cese definitivo se cubren, sólo alcanza el cien por cien en sectores como la lucha contra el fraude fiscal y laboral, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los servicios sociales. El resto debe seguir soportando la reducción de plantillas, una medida que afecta tanto a la calidad del servicio como a la estabilidad de los trabajadores.

Lo anterior sólo afecta al ámbito estatal, pero en la administración autonómica o local se repite la misma escena, o incluso empeora. Recortes de sueldo, congelación salarial, reducción de plantillas, aumento de horas de trabajo, supresión de días libres Son algunas de las medidas que han sufrido durante la crisis los empleados públicos. Ahora se empiezan a recuperar, pero no al ritmo que quisieran los afectados no ya para mejorar, sino para recuperar lo perdido.

«Se están restituyendo derechos», reconoce Benito Román, presidente autonómico del sindicato CSI-F. «Pero queda mucho para que a los empleados públicos se les reconozca lo que es suyo». Una muestra es la mejora salarial del 1% aprobada para 2016, así como la devolución de la paga extra suprimida en 2012, la recuperación de días de permiso y la lenta incorporación de patologías al catálogo de enfermedades por las cuales los empleados no ven afectado su sueldo en caso de baja. Sin ir más lejos, en el sector autonómico se ha incluido recientemente a la gripe.

Sin embargo, esto sólo compensa una parte de lo que se ha perdido. En materia salarial pesa como una losa la rebaja del 5% en la nómina que se introdujo en 2010 y que aún no se ha recuperado, así como la jornada laboral de 37 horas y media a la semana, lo que supone un recorte encubierto al implicar más trabajo por el mismo sueldo.

Marisol Salazar, de CC OO, va más allá y afirma que los empleados públicos están en la misma situación que hace veinte años. Como recuerda, el Gobierno del PSOE aprobó en 1994 la primera congelación de sueldos públicos de la democracia, que se justificó para reducir el déficit público. Después se llegó a un acuerdo con los sindicatos para aplicar subidas acorde a la variación del IPC. En 1997 el PP acordó una nueva congelación, de nuevo para ajustar el déficit. En los años de bonanza, del 2000 al 2008, se produjo una subida media en las nóminas del 5,1%. Pero en 2010 se borró de un plumazo con la citada bajada del 5%, a la que siguió una congelación agravada en 2012 con la supresión de la extra, lo que supuso una rebaja de más del 7% en el cómputo salarial anual.

Entre la reducción de salarios y las subidas de precios e impuestos, los sindicatos estiman que, durante la crisis, los empleados públicos han perdido un 30% de poder adquisitivo. Pero no todo es dinero. La congelación de las oposiciones y la reducción de las tasas de reposición han cargado de trabajo a los que mantienen su puesto. En julio de 2010 había en Extremadura 95.598 trabajadores de las distintas administraciones, según los boletines del Ministerio de Hacienda. El último dato, de julio de 2015, muestra 88.667. Casi 7.000 menos, un 7,25% en cinco años. «Hay plantillas muy tocadas», afirma Salazar, quien alerta de las consecuencias en educación, sanidad y servicios sociales.

«Nos están devolviendo los que nos robaron por decreto y lo están haciendo por presión», indica Salazar, para quien la labor sindical está dando sus frutos. Pero recalca que no sólo hay mucho por recuperar, sino que se está haciendo a distintas velocidades. Por ejemplo, la subida salarial del 1% aún no es efectiva en la Administración regional, y ni siquiera se plantea para muchos ayuntamientos. Lo mismo sucede con la extra de 2012. Algunos la han recuperado por completo, a otros se les debe un 50% y los más perjudicados, como los trabajadores de la Universidad de Extremadura, no saben cuándo cobrarán el 75% que les falta por recibir.

Un sector que no es intocable

Las mejoras que han experimentado los empleados públicos en los últimos meses contrastan con la tímida recuperación del sector privado. Los que han podido mantener su empleo en empresas sufren hoy peores condiciones. Como muestra, el número de trabajadores protegidos por convenio colectivo el pasado año fue de 98.092, mientras que en 2014 se llegó a casi 170.000, aún lejos de los 200.000 del 2007, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Gracias a que recupera derechos, para muchos el sector público sale de la crisis reforzado frente al privado, por lo que hoy es aún más atractivo un puesto en las administraciones que hace cinco años. Sin embargo, Benito Román recalca que «cuando accedías a un empleo público había ciertas garantías que hoy día están en el aire». Asu juicio, los trabajadores de las administraciones se han convertido en «rehenes de las decisiones políticas», así como «cajas registradoras» a las que recurrir en caso de necesidad. Esto introduce inestabilidad en un sector que hasta ahora parecía intocable.

En esta línea, Marisol Salazar apunta otra de las medidas aplicadas en el sector público, la posibilidad de aprobar expedientes de regulación de empleo entre el colectivo de laborales. Esto supone una presión añadida para un colectivo que se considera señalado como culpable de la crisis y desacreditado ante la ciudadanía.

Para la sindicalista de CCOO, el Gobierno ha tratado de adelgazar el sector público para trasladar contratos al privado y así ahorrar costes beneficiando a empresas, pero la medida no ha dado el resultado esperado. Asu juicio, hay que tratar de ofrecer servicios de calidad, para lo que se necesitan los efectivos necesarios.

Por su parte, Benito Román considera que no deben establecerse comparaciones entre el ámbito público y el privado, sino que hay que definir qué modelo han de seguir las administraciones. Para ello, pide un pacto para que, gobierne el partido que gobierne, haya asignaciones presupuestarias intocables para garantizar la calidad en la prestación de los servicios.