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Oficina del Sexpe, organismo del que forman parte 192 trabajadores en situación irregular. :: j. m. romero
La Junta se compromete a solucionar 500 empleos en situación irregular

La Junta se compromete a solucionar 500 empleos en situación irregular

Función Pública solicita a todas las consejerías una relación de contratos laborales en fraude de ley para analizar cada caso

Juan Soriano

Viernes, 11 de diciembre 2015, 00:39

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Más de medio centenar de trabajadores de la Junta de Extremadura afrontan el final de año con incertidumbre sobre su futuro laboral. Se trata de empleados públicos que finalizan contrato pero que han visto cómo renovaban cada año, por lo que tienen unos derechos consolidados que en algún caso ya han sido refrendados por sentencia judicial.

La Administración regional ha comunicado por carta a estos trabajadores que a final de año concluye su contrato. Pero la intención es que puedan seguir en su puesto, ya que prestan servicios considerados básicos. El problema es encontrar la fórmula legal para regularizar su situación, ya que la normativa estatal dificulta la creación de nuevas plazas.

Ante la inquietud generada por la recepción de estas cartas, los representantes sindicales solicitaron una reunión con la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. El encuentro tuvo lugar el pasado viernes. En esa cita el ejecutivo autonómico se comprometió a buscar una solución.

Función Pública señala que estudiará caso por caso, ya que hay diferencias entre contratos vinculados a programas concretos que deben finalizar y otros empleados que ya han sido reconocidos como laborales indefinidos por sentencia. Después se plantearán las soluciones que sean pertinentes, pero el gobierno regional quiere lanzar un mensaje de tranquilidad.

En primer lugar, se ha pedido a cada consejería que facilite un listado de trabajadores con ese perfil, ya que en la actualidad ni siquiera se sabe con exactitud cuántos empleados públicos están en esta situación. Se estima que hay más de 500 que dependen del cierre del año, pero hay otro grupo que terminará contrato en agosto del 2016.

Uno de los colectivos afectados es el de los orientadores y prospectores del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe). Accedieron a su puesto de trabajo de forma temporal, pero fueron renovados año a año.

>Según indica Función Pública, en el Sexpe hay 192 trabajadores en situación irregular. De ellos, 72 terminaron contrato en abril, pero siguen acudiendo a su puesto. Su labor es fundamental, ya que se dedican a favorecer la inclusión laboral de personas en paro. Pero lo mismo puede decirse de otros colectivos formados por laborales en situación irregular, como los equipos de valoración de las solicitudes de ayuda a la dependencia o los monitores de centros de formación.

Soluciones

Los representantes sindicales que acudieron a la reunión con la Junta coinciden en señalar que la Administración regional debe buscar una solución a estos trabajadores.

Juan José Samino, de CSI-F, señala que, excepto algunos casos de contratos que expiran ahora dentro del plazo legal, prácticamente todos los trabajadores afectados se encuentran en situación de fraude de ley. Como explica, se trata de empleados que han sido renovados año a año, con lo que han consolidado su relación laboral.

«Deberían ser todos indefinidos», afirma. Algunos ya lo han conseguido por resolución judicial, mientras que otros esperan sentencia y un tercer grupo ha presentado reclamación previa a la Junta, algo necesario para acudir al juzgado. En cuarto lugar se encuentran aquellos que aún no han recurrido a esta opción, a los que se recomienda que den ese paso y esperen respuesta. «El problema es que lo han hecho con muy poco tiempo», añade. «La Junta tiene veinte días para solucionarlo».

Para Samino, con estas reclamaciones se debería reconocer sin más que esos empleados son laborales indefinidos, lo que no implica que sean fijos. Después habría que crear las plazas correspondientes y, con el tiempo, convocar los procesos selectivos para cubrirlas. De esa forma, estarían como interinos hasta que se resuelvan esos concursos, a lo que podrían acudir estos trabajadores.

Marisol Salazar, de CC OO, señala que esta incertidumbre se repite cada final de año sin que la Junta consiga encontrar una solución definitiva. En el presupuesto autonómico de 2015 se incluyó una disposición adicional para que estos puestos se integraran en el capítulo de personal. Pero el Gobierno mostró su oposición, ya que los Presupuestos del Estado impiden ampliar el gasto en esa partida. Finalmente, la Administración regional ha debido renunciar a regularizar estos contratos este ejercicio.

Salazar señala que estas contrataciones se hicieron de forma temporal, tras lo que deberían haberse regularizado con la creación de las plazas correspondientes y la convocatoria de los concursos públicos. Sin embargo, no se dio ese paso en su momento. «Hay que normalizar la situación», explica.

En su opinión, se trata de puestos estructurales, que deberían formar parte de la Administración regional en vez de estar vinculados a programas concretos. «No se pueden suprimir servicios enteros», añade. Y estima que en esta situación podrían encontrarse más de 700 empleados públicos.

Por su parte, María de los Ángeles Rodríguez, de UGT, coincide en señalar que se trata de puestos estructurales que prestan un servicio necesario y por tanto estable. «No puede haber esa temporalidad».

Como indica, los contratos por obra y servicio determinado no pueden tener más de cuatro años de duración, contando con las prórrogas. Sin embargo, hay empleados que llevan más de diez años trabajando en la Junta de Extremadura.

La responsable de UGT destaca que esta situación se debe a la creación de empleo desde el capítulo 6, de inversiones, con una vinculación a programas concretos. A su juicio, esto supone engrosar la nómina con falsos puestos en vez de recurrir a procesos de selección, lo que genera una indefinición que ahora se quiere solucionar.

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