Segundo fallo arbitral contrario a España por los recortes a las renovables

Paneles solares./Afp
Paneles solares. / Afp

La multa, de 53 millones, por aplicar un «cambio brusco» en la ley se une a la de 128 millones impuesta en 2017 por ese mismo motivo al Estado

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

Nuevo revés -y van dos- a la reforma energética que aprobó el Gobierno en 2013 y que supuso, entre otras medidas, una reducción de las primas otorgadas a las compañías de energías renovables con respecto a la retribución que percibían hasta entonces. En esta ocasión, ha sido una firma de Luxemburgo (NovEnergia, con plantas fotovoltaicas en Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Cataluña) la que ha ganado la batalla judicial al Ministerio de Energía ante la Cámara de Comercio de Estocolmo, un organismo arbitral que ha obligado a España a indemnizar con 53 millones a esa compañía por los daños sufridos tras los cambios en la política energética de hace cinco años.

El laudo sostiene que el decreto ley de 2013, con el exministro José Manuel Soria al frente del entonces denominado Ministerio de Industria, por el que se reformaba parte del sector eléctrico, supuso «un cambio brusco y de sistema» con respecto a la normativa que estaba vigente hasta entonces. Esa normativa databa de 2010 y ya había supuesto un recorte con respecto a la legislación inicial, aprobada en el 'boom' económico. Este organismo habría desestimado las reclamaciones relacionadas con el impuesto de generación del 7%, en vigor desde 2012, y que tanto rechazo ha provocado en el sector desde su implantación.

Ahora, Energía estudia «la posible respuesta» que dará al fallo. Desde el departamento dirigido por Álvaro Nadal recuerdan que esta situación «no solo afecta a España». También hay otros países de la Unión Europea que están pendientes de laudos en materia energética, como Alemania, Polonia, República Checa o Rumanía, entre otros.

Esta sanción se suma a la que el CIADI -la corte internacional arbitral- ya impuso al Estado en mayo del año pasado por una cuantía que superaba los 128 millones de euros también por este mismo asunto: los recortes sufridos, de forma inesperada, por una empresa británica (Eiser Infraestructure). En aquel caso, el Gobierno optó por recurrir esta multa, en un proceso que aún se encuentra en vigor. Sin embargo, España había conseguido ganar una demanda planteada en su momento por Isolux y otra presentada por Solapark Management.

El problema para España es que aún tiene pendientes casi una treintena de demandas ante el CIADI contra los recortes aplicados entre 2010 y 2013. Estas reclamaciones, que también se han presentado ante otros organismos, ponen en riesgo unos 7.566 millones de euros que tendría que asumir la Administración si todas se fallaran en contra de los intereses del Estado, como ha ocurrido ya en estos dos casos.

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