El Ayuntamiento de Cáceres se plantea dar ayudas para cambiar las acometidas con plomo

El Ayuntamiento de Cáceres se plantea dar ayudas para cambiar las acometidas con plomo

Los informes elaborados por la Inspección y la Secretaría General inciden en que el propietario es el abonado

Manuel M. Núñez
MANUEL M. NÚÑEZCáceres

El Ayuntamiento de Cáceres busca la fórmula que permita ayudar a los vecinos a cambiar las acometidas afectadas por la presencia de plomo. El portavoz municipal, Rafael Mateos, avanzó ayer que la voluntad del Ejecutivo es esa, tras haberse reunido tanto con los propios vecinos como con la empresa concesionaria, Canal de Isabel II. Sin embargo, los informes de los que dispone el Consistorio corroboran que, con la normativa vigente, la responsabilidad es de los propios afectados. Es decir, deberían ser estos los que afronten el coste de los cambios.

Mateos aludió ayer al informe que se ha encargado a la Secretaría General para dilucidar la cuestión. Tras detectar el problema, los vecinos han planteado que el Ayuntamiento financie esas actuaciones de renovación en la red. Mateos aclaró ayer que se busca algún tipo de linea de ayuda para la renovación de tuberías, ya que muchas siguen siendo de plomo.

La Secretaría General ya ha concluido un primer informe que le encargó la concejala de Infraestructuras Estratégicas y Medio Ambiente sobre el problema suscitado por la presencia de plomo en las tuberías de algunas viviendas del casco antiguo. El Consistorio quiere tener claras sus responsabilidades y delimitar, con la normativa en vigor sobre la mesa, hasta dónde puede llegar a la hora de atender las reivindicaciones de los afectados.

Los análisis realizados en un bar, el Rectorado y ocho casas del casco antiguo dan resultados correctos

Ese informe del secretario se elaboró el pasado 21 de junio y llega a la misma conclusión que otro redactado por los técnicos de la Inspección municipal se servicios: las acometidas corresponden a los abonados, por lo que su cambio aunque puede realizarlo la empresa concesionaria, Canal de Isabel II, iría siempre a cargo del peticionario. Otro estudio sobre este asunto lo elaboró el jefe de la Inspección de servicios al confirmarse la «presencia de plomo en algunas viviendas de la ciudad monumental», se resalta en el documento, al que ha tenido acceso HOY. Ese técnico acudió a la reunión que mantuvo la concejala de Medio Ambiente, Montaña Jiménez, con los vecinos de la asociación del barrio y que solicitaban «la sustitución o renovación de las acometidas por parte del Ayuntamiento, entendiendo ellos que esta parte de la instalación de agua es propiedad y competencia del Ayuntamiento». Ese planteamiento choca con los informes de los técnicos municipales. «A esta afirmación, el criterio técnico es contrario», resume de forma clara la propia Inspección .

Ante la discrepancia de criterios, entre lo que pide el colectivo vecinal y lo que dicen los técnicos con el reglamento y el real decreto regulador sobre la mesa, la concejala de Medio Ambiente solicitó una nueva opinión, en este caso con base jurídica al propio secretario general. Ese informe tiene fecha del 21 de junio.

Solo unas horas antes, el día 20, la farmacia y el laboratorio municipal llevaron a cabo análisis en la red de aguas en varios puntos, entre ellos, un bar de Puerta de Mérida, el Rectorado y ocho viviendas particulares: Cuesta de Aldana, Moral, Barrio de San Antonio, Cuesta del Marqués, Amargura, Arco de España, Adarve Padre Rosalío y Puerta de Mérida. Los resultados obtenidos fueron correctos.

Señalan los técnicos del Consistorio que «la propiedad de las acometidas es del abonado siendo obligación del servicio de agua y, a su costa -se remarca-, el mantenimiento, reparación o modificación de éstas, pero no la renovación o sustitución, que debe realizaría el servicio de aguas -es decir, Canal- a costa del abonado». Así se desprende del Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Aguas de Cáceres.

El secretario general del Consistorio refuerza la posición del jefe de la Inspección de servicios y corrobora que la titularidad de las acometidas «es de los abonados». En su informe expone las distintas responsabilidades que se reparten los actores de este proceso en función de las actuaciones que se quieran llevar a cabo.

Las conclusiones, pese a todo, se alejan de la posición de los vecinos, que insisten en que sea el Ayuntamiento quien costee esas renovaciones de tuberías. La Secretaría General, como mucho, atribuye a la concesionaria del servicio «su conservación y mantenimiento».

No obstante, «la instalación de nuevas acometidas», según determinadas circunstancias, «se realizará por la entidad suministradora con cargo al peticionario». Finalmente, el informe da un paso más, ya que las tuberías que no se adapten al actual reglamento, «como puede ser el caso planteado», avisa, «deberán ser modificadas por el abonado dentro del plazo que a tal efecto» le conceda la concesionaria. Incluso ésta queda facultada para suspender el suministro en caso de incumplimiento.

Fuentes municipales señalaron que lo que se va a hacer ahora es trasladar el informe final de Secretaría al colectivo vecinal, que se ha interesado por el mismo con vistas a las posibles vías de ayuda existentes.

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