La DGT gasta 26.000 euros en quitar un mostrador en su oficina de Cáceres
«Lo que se pretende es facilitar el contacto entre el usuario y la administración», explica la jefa de la unidad vial, Carmen Domínguez
M. M. N.
Sábado, 10 de octubre 2015, 09:22
La Jefatura de Tráfico prepara cambios en sus instalaciones. Hace 10 meses ya adaptó la antigua sede del DNI en la calle Antonio Silva como centro de exámenes. Allí arrancaron en diciembre pasado las primeras pruebas con ordenador a los futuros conductores. Ahora, las remodelaciones afectan al edificio de la propia Jefatura Provincial, situado en el número 5 de la calle Doctor Marañón. En concreto, está previsto ejecutar un proyecto de obra para eliminar los mostradores de atención al público.
El contrato ya tiene adjudicatario. En la DGT se recibieron cuatro ofertas y se ha elegido la «más ventajosa para el interés general», se detalla en el expediente de la adjudicación, que ha correspondido a Juan José Alfonso Avelino.
Llama la atención el importe total, 26.328,46 euros con impuestos. Es un contrato menor que se ha tramitado de forma ordinaria.
Se quiere eliminar el elemento físico que suponen los mostradores, pero no para potenciar aún más la vía telemática y prescindir de profesionales. «Lo que se pretende es facilitar el contacto entre los usuarios y la administración pública». Así lo explica Carmen Domínguez, jefa de seguridad vial, que tranquiliza a quienes puedan temer una merma del servicio. El objetivo es justo todo lo contrario.
«Lo que se hace es seguir la tendencia que viene siguiendo la administración del Estado para romper barreras entre los funcionarios y quienes acuden a ellos», resalta.
En lugar de mostrador como hasta ahora, los usuarios acudirán directamente a la mesa del empleado público que les atiende. La cita previa seguirá siendo exclusivamente por Internet, eso sí.
En 45 días
El funcionamiento es idéntico al que ya aplican otras áreas de la administración general como la Tesorería de la Seguridad Social.
La obra es sencilla y no presenta a priori demasiadas complicaciones en su desarrollo. Así lo hace pensar el plazo de ejecución de la misma, que se ha fijado únicamente en 45 días.