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La Diputación exige quitar las calles a Fernando Calzadilla y Ricardo Carapeto en Badajoz

La Diputación exige quitar las calles a Fernando Calzadilla y Ricardo Carapeto en Badajoz

Pide eliminar del callejero los nombres de alcaldes, presidentes y cargos de la época franquista, como Adolfo Díaz-Ambrona

Rocío Romero

Badajoz

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Jueves, 14 de diciembre 2017

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Badajoz tendrá que quitar los nombres de los políticos franquistas del callejero si quiere seguir percibiendo subvenciones de la Diputación. Así lo exige la institución provincial a todas las localidades de la provincia y así figura en la carta que el Ayuntamiento ya ha recibido.

En ella, según ha podido saber HOY, aparece la exigencia de eliminar los nombres de los alcaldes franquistas. Esto es, vías que son arterias principales de la ciudad, como Ricardo Carapeto, Fernando Calzadilla, Antonio Masa y Jaime Montero de Espinosa. También la de Adolfo Díaz-Ambrona, que fue ministro de Agricultura del anterior régimen y presidente de la Diputación entre 1949 y 1965. Hay otros presidentes de la institución con calles en la ciudad, como Julio Cienfuegos y el general Carracedo. En el listado se hace referencia también a Juan Jara que, aunque falleció en 1933 (antes de la Guerra Civil), es considerado falangista.

En el listado aparecen los Grupos José Antonio, que también hay que eliminar.

Igualmente, se apunta a la retirada de las placas del Ministerio de la Vivienda en la que aparecen yugos y flechas en fachadas de edificios de VPO antiguas.

Este requerimiento se enmarca en la iniciativa del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, de borrar los restos del franquismo de la provincia. Para ello, obliga a los ayuntamientos a eliminarlos en un plazo de tres meses. Si no lo hacen, tendrán que devolver las subvenciones recibidas de la institución provincial el año pasado y dejarán de percibir esos fondos a partir de 2018.

Un comité de expertos ha analizado cada pueblo de la provincia. Este está formado por la diputada delegada provincial de Cultura, Cristina Núñez, el arqueólogo propuesto por la Junta de Extremadura Francisco Javier Heras y el profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura (UEx), Julián Chaves. También forman parte de este órgano el secretario general de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Miguel Ruiz; el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex), José Manuel Corbacho y el jefe provincial del Servicio de Actividades Culturales, Manuel Candalija. Como secretario actúa el jefe del Servicio Provincial de Bibliotecas, Isidoro Bohoyo. Estas son las personas que han analizado cada localidad y que determinan que en Badajoz hay que borrar estos nombres del callejero.

Estos expertos han dividido los restos en tres tipos. Hay vestigios que se pueden reasignar (es decir, explicar que se mantienen pero que su significado ya no tiene relación con Franco ni con la Guerra Civil), los que se pueden mantener y los que obligan a borrar, como los nombres de calles a políticos del régimen franquista.

En la carta que han recibido en el Ayuntamiento de Badajoz hay al menos otros tres nombres que obligan a reasignar. Es decir, que el Pleno haga una declaración oficial ratificando que esas denominaciones no son franquistas. Son el parque de la Legión, la plaza de los Alféreces y la calle 18 de Diciembre, que en su día estuvo en el pasaje de la Puerta Trinidad.

Se hace referencia a una placa. Esta es la que aparece en la plaza de España y donde figura la inscripción: «primer año triunfal». En este caso, la Diputación pide que el Ayuntamiento la retire y la lleve a un museo.

La carta que ha recibido el Ayuntamiento de Badajoz es más amplia, aunque estos son de momento los aspectos que han trascendido.

Los alcaldes de 70 municipios de la provincia están estos días recibiendo las comunicaciones. El comité de expertos ha estudiado todos los municipios y ha determinado que existen 95 pueblos sin restos de la dictadura.

Una vez que los alcaldes reciben las misivas cuentan con un plazo de diez días para presentar alegaciones. Después los expertos volverán a reunirse y estudiar cada observación. A partir de entonces, los ayuntamientos disponen de tres meses para realizar los cambios.

La mayor parte de los ayuntamientos aceptarán las demandas de la Diputación porque no pueden permitirse perder las subvenciones de la institución. Hay que tener en cuenta que sus fondos suponen un auténtico salvavidas para localidades pequeñas. Por ejemplo, Fuente del Maestre tiene un presupuesto de cinco millones de euros, de los que 400.000 euros proceden de la Diputación. Y Santa Amalia ha percibido este año más de 200.000 euros de un presupuesto anual que ronda los cuatro millones de euros.

Badajoz es la localidad más grande y tiene un presupuesto de 100 millones de euros. Percibe fondos considerables de la Diputación para los ocho poblados que podrían perderse.

Afectará a los vecinos

Si el Ayuntamiento cumple con el mandato de la Diputación, basado a su vez en la Ley de Memoria Histórica, cambiará los nombres de calles donde residen muchos vecinos y existen muchos locales comerciales. Ellos tendrán que cambiar la dirección postal en todos sus datos. En la ciudad existen algunos precedentes. En 2009, con la Ley de Memoria Histórica ya aprobada, se produjeron algunos cambios en el callejero local.

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