Los sindicatos creen que las bajas de policías locales en Los Palomos están justificadas

Desde UGT, el secretario de servicios públicos en la comarca de Badajoz, Jorge Corbacho, no cree que las bajas médicas se puedan achacar a reivindicaciones laborales. A su juicio, este porcentaje de bajas «está dentro del cómputo de absentismo dentro de la Policía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Apunta a que debería ser el SES el que evaluara los casos.

Para Jesús Solana, de CSIF, «hay justificantes médicos que acreditan la enfermedad» de los agentes. Sin embargo, admite que «el ambiente está enrarecido en la Policía Local de Badajoz con el Gobierno local». Dice que hay muchas promesas incumplidas y que se arrastran dos años de impago de servicios extraordinarios.

Jesús Solana explica que aunque no sea necesario presentar la baja médica hasta el tercer día de enfermedad, los agentes sí deben presentar justificantes médicos por el primer y el segundo día de baja. «No se pueden quedar en casa y llamar, tienen que aportar ese justificante», argumenta.

En el mismo sentido se manifiesta Marisol Salazar, secretaria general de la federación de servicios públicos a la ciudadanía de CC OO. «No tenemos nada que decir desde el momento en que un médico dice que hay un trabajador enfermo. Tal y como está establecido, el sistema se cumple y no lo cuestionamos». Aún así, dice que «cuando estas situaciones se producen es por algo».

Marisol Salazar relaciona estas bajas con los escasos efectivos con los que cuenta el servicio. Denuncia que solo 90 agentes patrullan y que el resto se encuentra en segunda actividad.

En su opinión, la escasez de agentes obliga a convocar servicios extraordinarios constantemente. Por este motivo, cree que los policías no descansan todo lo que deberían y entiende que su salud se resienta. «Los trabajadores son las víctimas de esta situación», dice antes de achacar el problema a «la mala gestión del Gobierno local».

Hay que tener en cuenta que, precisamente, el criterio de la Intervención municipal para no abonar los servicios extraordinarios es que los policías que patrullan las calles hacen entre 1.100 y 1.200 horas al año, mientras que la jornada de los funcionarios es de 1.600 horas anuales.

Desde el Ayuntamiento no quisieron hablar del tema ayer. Pero el alcalde apuntó a principios de semana a una posible investigación desde los servicios médicos municipales con el apoyo de la Inspección médica del SES porque algunos de los agentes que faltaron el sábado ya lo hicieron en carnavales. De momento no ha explicado más y desde el SES se indica que sin orden judicial no investigarán una baja concedida por un médico.

En el caso de que realmente existan policías que no presten servicio alegando una enfermedad que no existe, se arriesgan a cometer una infracción grave recogida en la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional. Esta norma es la aplicable a los agentes locales, según se recoge en el reglamento de régimen interno aprobado en 2012. La sanción establecida para infracciones graves supone la suspensión de funciones por un periodo que va de los cinco días a los tres meses.

Existen mecanismos

El catedrático de Derecho Laboral de la Universidad de Extremadura, Francisco Rubio, indicó ayer que existen mecanismos administrativos y laborales para que el Ayuntamiento actúe si entiende que los agentes están simulando una enfermedad. Aunque advierte de que la sintomatología que puede llevar a un médico a conceder una baja en ocasiones es difícilmente objetivable. Es decir, que si alguien dice que le duele mucho la espalda puede recibir el justificante médico para ausentarse y es difícil que se pueda comprobar.

Otras fuentes judiciales indican que el alcalde tiene capacidad para controlar la indisposición de los policías. Puede ordenar a un médico de los servicios municipales que acuda a los domicilios de los agentes que comunican su malestar para comprobarlo el mismo día en que comunican su indisposición. Si así lo hiciese, estaría pidiendo a un funcionario municipal que constatase si es real la enfermedad que le hace faltar al trabajo, una medida que estaría justificada por tratarse de un evento extraordinario en el que el dispositivo de seguridad está acordado previamente en una junta local de seguridad de la que forman parte las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Si ese informe médico detectase que algún agente simula la enfermedad, el alcalde podría incoar el expediente por una infracción grave y establecer como sanción una suspensión de entre cinco días y tres meses. Se abriría así un expediente al que los sancionados podrían presentar sus recursos.

En el caso de que se confirmara la sanción administrativa, el Ayuntamiento podría acudir después a los juzgados, la Fiscalía o la Policía Nacional para que investigara si se ha cometido algún delito, teniendo en cuenta que tendrían que demostrar que se trata de una protesta organizada.