Hoy

«Nos están pagando precios de hace treinta o cuarenta años»

Pacas preparadas para su recogida en Nogales. :: brígido
Pacas preparadas para su recogida en Nogales. :: brígido

L a máxima en el libre mercado de que a menor oferta mejores precios no se cumple en el sector cerealista. «Nunca», afina Cándido Méndez. «El problema es que quien controla todo son las multinacionales y los políticos no hacen nada para que se paguen precios justos a los agricultores», remacha este agricultor de Llerena.

La estadística que ofrecen los productores de cereal en Extremadura es que por un kilo de trigo se paga al agricultor entre 26 y 28 pesetas (se sigue hablando en esa moneda entre la gente del campo), esto es, entre 0,16 y 0,17 euros. Por el de cebada prácticamente lo mismo, ligeramente inferior en todo caso. «Lo mismo, lo mismo que hace treinta o cuarenta años», enfatiza Fermín Suárez.

El problema añadido es que a ese estancamiento se le agrega «lo que te quitan por los costes del transporte. Y eso hace que en absoluto salgan las cuentas a los agricultores. Así, ¡cómo no van a salir deficitarias todas las explotaciones de cereal!», agrega Juan Metidieri, presidente de la organización agraria Apag Asaja Extremadura.

La realidad en estos momentos es que es muy difícil aventurar cómo se pagará este año por el cereal en España. Lo normal es que los precios sean más altos que los de la campaña pasada, pero desde el sector productor en Extremadura no se lanza la previsión con excesivo optimismo.

La falta de lluvias ha impactado también en Castilla y León, el principal granero de España, pero allí se suele sembrar más tarde y aunque haya seguro pérdidas se pueden aminorar los efectos negativos con un mes de mayo generoso en cuanto a precipitaciones.

En la comunidad de Andalucía (la provincia de Sevilla es la primera provincia productora del país) la perspectiva de kilos cosechados es algo mejor porque en ese territorio se suele sembrar antes. Precisamente el año pasado se denunció en la región andaluza que la industria presionó para que los agricultores vendieran a precio abierto, una práctica expresamente prohibida en España.

Asaja Sevilla recordó a los agricultores que los compradores tienen la obligación legal de firmar un contrato por escrito a precio cerrado o claramente referenciado y con un plazo de pago máximo de 60 días, «por lo que ningún agricultor debe sentirse presionado para vender sin precio o a un precio inferior al que estime que vale su cosecha».

«Como la Administración no intervenga estamos perdidos, indefensos. Y si no interviene aquí, en nuestros pueblos, no va a quedar nadie», concluye el cerealista de Llerena.