Monago, Vara y Escobar debatirán públicamente con preguntas de los ciudadanos

Habrá debates públicos periódicos entre los principales políticos extremeños y con los ciudadanos preguntándoles, según dispone el proyecto de Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, una propuesta que ha logrado el consenso de la Junta, PP, PSOE e IU para facilitar la transparencia en la gestión de los asuntos públicos, y con el cual, y si se cumple, los extremeños tendrán derecho a pedir y obtener cualquier tipo de datos como cuánto cobran los políticos o, cuando lo dejan, en qué condiciones económicas se marchan.

La idea es que haya un debate cada año entre los presidente de los grupos políticos con presencia en la Asamblea de Extremadura, en este caso serían José Antonio Monago, Guillermo Fernández Vara y Pedro Escobar, un debate en un lugar público, con ciudadanos preguntando, y que debería ser televisado.

El proyecto de ley, que impide a la Junta callarse (silencio administrativo) ante las demandas informativas de los particulares, ha sido registrado esta mañana en la Asamblea de Extremadura, cuya mesa y junta de portavoces decidirán ahora la forma (urgente u ordinaria) y el calendario de tramitación. Para Víctor Casco, diputado de IU, no se trata de una ley más sino de las más importantes de la región, al nivel de las leyes de educación, sanidad o el Estatuto de Autonomía. Que además de votar, el ciudadano siga participando a lo largo de los cuatro años.

Basta por ejemplo con 2.000 firmas para presentar una iniciativa popular y obligatoriamente la Junta y la Asamblea tienen que escuchar a los proponentes, y finalmente hay que votar en las administraciones si la iniciativa se tramita o no; la actual iniciativa legislativa popular (ILP) precisaba de 45.000 firmas.

Se crea un Consejo Extremeño de Ciudadanos y Ciudadanas (sic) como órgano de participación en los asuntos públicos, del que formarán parte según el proyecto de ley todos los colectivos y ciudadanos que deseen estar en él y participen en sus reuniones, a celebrar en distintas localidades de la Comunidad.

La ley de Gobierno Abierto de Extremadura se completará y reforzará con un Estatuto Básico de Autoridades anunciado por el consejero de Administración Pública, Pedro-Tomás Nevado, y que establecerá las obligaciones y responsabilidades de los altos cargos por su gestión pública, e impondrá sanciones. Si no hubiera sanciones la Ley de Gobierno Abierto podría quedarse solo en buenas intenciones, reconoce el consejero.