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NACIONAL

El Poder Judicial investiga el sueldo de Garzón durante su estancia en EEUU

El juez alega que no actuó «de mala fe» al callar los cobros La posible falta disciplinaria habría prescrito, según la ley

MATEO BALÍN

Miércoles, 11 de marzo 2009, 02:51

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La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer, por unanimidad, investigar si son irregularidades los emolumentos que recibió el juez Baltasar Garzón durante su estancia en Nueva York entre marzo de 2005 y junio 2006, dado que los recibió mientras disfrutaba de una licencia por estudios por la que mantenía parte de su sueldo como miembro de la carrera judicial. En ese periodo, el magistrado percibió unos 160.000 euros por impartir una serie de conferencias y dos clases con las que pudo incumplir el régimen de incompatibilidades de la judicatura, lo que se traduciría en una falta disciplinaria. La postura de la Comisión Disciplinaria es consecuencia de la decisión del Tribunal Supremo de archivar una querella por prevaricación y cohecho que un abogado de Alicante presentó contra el magistrado, al que acusó de cobrar 1,7 millones de euros del Banco Santander por impartir esos cursos esos cursos mientras tenía una causa abierta contra la entidad. Fue el propio juez Garzón quien informó al alto tribunal de la cifra exacta de los emolumentos recibidos, en qué momento y por qué conceptos. El pasado 2 de febrero, el Tribunal Supremo decidió archivar la querella, pero dio traslado al CGPJ de los cobros confesados por Garzón por estimar que podrían estar recogidos en el artículo 417.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sanciona como falta muy grave faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos, autorizaciones, declaraciones de compatibilidad, dietas y ayudas económicas. A la vista de esa deducción de testimonio, la Comisión Disciplinaria decidió habilitar al Servicio de Inspección del CGPJ para que investigue el asunto y proponga o bien la apertura de un expediente disciplinario o bien el archivo de las actuaciones, decisión que en su caso corresponderá a la propia comisión. Según fuentes del consejo, los inspectores afrontan un serio obstáculo, porque con la LOPJ en la mano, los hechos habrían prescrito al haber transcurrido más de dos años. La Comisión Disciplinaria está compuesta por dos vocales propuestos por el PP, Gemma Gallego y Pío Aguirre Zamorano; dos apoyados por el PSOE, Miguel Carmona y José Manuel Gómez Benítez, y Margarita Uría, ex diputada del PNV. «De mala fe» El letrado Gómez Benítez anunció que se abstendrá de votar cualquier asunto en el que Baltasar Garzón esté concernido, ya que fue su abogado y mantienen una relación de amistad. En la resolución adoptada ayer le sustituyó la vocal Gabriela Bravo, también propuesta por el PSOE. Garzón se enteró de la apertura de las diligencias informativas en América Latina, en donde disfruta de un permiso oficial. No obstante, fuentes cercanas al magistrado transmitieron que sostiene que «no actuó de mala fe» porque cuando le fue concedida la excedencia académica «nunca» le preguntaron desde el Consejo si iba a percibir dinero por estas actividades docentes. Dichas fuentes añadieron que en el momento en el que pidió la licencia de estudios las retribuciones que iba a percibir «no estaban fijadas» y que, «si hubiera querido ocultar sus ingresos, no los habría declarado al fisco norteamericano y después al español, como así hizo». Según el auto dictado el lunes por el Supremo, el Centro Rey Juan Carlos asumió el pago del viaje del magistrado por 21.152 dólares y la escolarización de su hija en la Escuela Internacional de Naciones Unidas por 21.650 dólares. Además, el Centro de Derecho y Seguridad pagó a Garzón otros 160.333 dólares «en concepto de sueldo» para organizar dos cursos. En total, unos 203.000 dólares (160.000 euros). La cacería El auto de la Sala de lo Penal está fechado a 2 de febrero pero se conoció cinco semanas después, en un momento en el que el juez es centro de la polémica por su instrucción de la 'operación Gürtel', una trama de corrupción que salpica a aforados del PP, y después de haberse postulado a presidir la Audiencia Nacional. La Comisión Disciplinaria también acordó ayer dar bueno el informe del Servicio de Inspección que proponía archivar la denuncia del PP sobre la participación de Baltasar Garzón en una cacería junto al entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que presentaría su dimisión días después. Contra este acuerdo se formuló un voto particular, el de la vocal Gemma Gallego, que solicitaba la práctica de nuevas diligencias. El Servicio de Inspección había pedido su archivo al alegar que la conducta de Garzón no era punible porque no tenía «encaje» en las medidas disciplinarias vigentes.

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