La fiscalía retira la petición de cárcel para el exalcalde de Coria Juan Valle
La acusación particular, que representa al Ayuntamiento, ha aumentado la petición de pena de 5 a 7 años de prisión
En la mañana del martes comenzó, en la Audiencia de Cáceres, el juicio contra el anterior alcalde de Coria, el socialista Juan Valle, acusado de ... prevaricación y malversación de caudales públicos; y contra el exarquitecto municipal Tomás F. A.. Los dos declararon que estaban en el banquillo de acusados por decisión del actual alcalde, el popular José Manuel García Ballestero, que estuvo presente en el juicio como público y declinó hacer cualquier declaración a este medio de comunicación.
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El ayuntamiento de Coria está personado en la causa como acusación particular. Su abogado, Emilio Cortés Bechiarelli, asegura que Juan Valle ha costado al erario público de Coria alrededor de 60.000 euros. Eso lo desmiente el abogado defensor del exalcalde, el letrado Jenaro García, «al Ayuntamiento de Coria este asunto no le causó ningún perjuicio -afirmó-. Está acreditado que no pagó ni un solo euro. El trasfondo de todo esto es una pura venganza política del actual alcalde contra su antecesor en su cargo».
Las acusaciones pedían en un principio que tanto el exalcalde como el exarquitecto municipal cumplan, cada uno, una pena de cinco años de prisión, inhabilitación especial para cargo o empleo público durante 18 años y tres meses, e indemnizar al Ayuntamiento de Coria. Juan Valle, que fue alcalde de Coria de 2007 a 2011 ya no se dedica a la política; «mi vida política me importa tres narices» llegó a señalar en su declaración. Indicó que una vez que dejó la alcaldía se apartó de su partido y de la política.
Los dos acusados estaban sentados en el banquillo por dos obras que se hicieron por encargo del Ayuntamiento.
Por dos obras
Según la fiscalía, en mayo de 2008 Juan Valle, como alcalde, encomendó al arquitecto municipal la redacción del proyecto básico y ejecución de un centro de día. El 20 de enero de 2009 el arquitecto presentó en el registro del Ayuntamiento una factura para que le pagaran por esa obra 58.000 euros.
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El alcalde también le encargó al arquitecto, en junio de 2008, realizar una guardería en Puebla de Argeme (núcleo urbano que depende de Coria), y meses después el arquitecto presentó al registro del Ayuntamiento otra factura para cobrar 25.748 euros.
Las dos facturas llegaron a la interventora del Ayuntamiento, que señaló que no debían pagarse ya que superaban el importe de 18.000 euros establecido como límite para contratos menores.
Para intentar solventar ese problema el arquitecto, según las acusaciones, decidió fraccionar el pago de las dos obras en facturas de menos de 18.000 euros firmadas por otros arquitectos que habían intervenido en las mismas.
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«Dije que no se le pagara»
Juan Valle desmintió esa versión. Aseguró que él lo que quería era hacer las obras cuanto antes para que Coria no perdiera las subvenciones de otras administraciones, subvenciones que llegaban a 1.300.000 euros. Aseguró que se extrañó cuando le dijeron que el arquitecto municipal había presentado facturas de las obras. «Yo siempre dije que no se pagara al arquitecto municipal, porque era trabajador del Ayuntamiento», afirmó.
Insistió en que él estaba en el banquillo por el actual alcalde, que le amenazó con ello en el año 2015. Dijo, además, que con la interventora no tenía buenas relaciones, al no haber dado trabajo a su marido.
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El exarquitecto municipal también señaló que estaba en el banquillo de acusados, por no haber llegado a un acuerdo con el actual alcalde para que retirara una demanda que le había puesto él por acoso laboral. Declaró que había presentado las facturas, para cobrar él como coordinador de los trabajos y después entregar el dinero a los otros arquitectos que habían intervenido.
Antes de que ayer quedara el juicio visto para sentencia, las acusaciones cambiaron sus peticiones. La fiscal retiró la petición de pena por malversación de caudales públicos, por lo que ya no les pide pena de prisión; mientras el abogado del Ayuntamiento aumentó su petición de pena de 5 a 7 años, al considerar que hubo fraude.
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Los acusados aseguraron que son inocentes, pidiendo sus abogados defensores su absolución.
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