La actitud de Rafael Mateos sobre la mina y planta de procesado de litio de Valdeflores no ha variado un ápice desde que se ... convirtió en alcalde de Cáceres: ni sabe ni contesta. Alega desconocer el proyecto porque no está registrado en su totalidad y se mantiene de perfil ante el asunto más controvertido al que se ha enfrentado la ciudad en las últimas décadas, una estrategia que no sabemos si le ha ayudado a ganar las elecciones, pero está claro que no le ha perjudicado. Cada vez que se le pregunta por el tema –la última esta semana tras reunirse con la plataforma Salvemos la Montaña– la respuesta es la misma: que su gobierno cumplirá a rajatabla con la legalidad y que serán los técnicos de las distintas administraciones quienes determinen si el proyecto cumple los requisitos medioambientales. Ni un resquicio para dar su opinión ni mostrar un mínimo apoyo o rechazo, probablemente escarmentado en cabeza ajena por lo que le pasó a Luis Salaya en el último año de su mandato, cuando recibió todo tipo de ataques y descalificaciones desde los sectores antimina cacereños.
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Nada hace pensar que la actitud de Mateos vaya a cambiar en los próximos meses. Él ha dicho que el momento de pronunciarse llegará una vez que la empresa promotora, Infinity Lithium, solicite a la Junta por medio de su filial Extremadura New Energies (ENE) el permiso de explotación y presente toda la documentación relativa al proyecto, incluido el estudio de impacto ambiental, algo que se espera para finales de este año. Se puede intuir por sus palabras que si la declaración ambiental sale favorable el alcalde cacereño no encontrará motivos para rechazar la mina, y menos aún con un gobierno regional del PP. En realidad es más o menos lo mismo que decía Salaya, con la diferencia de que Mateos no lo verbaliza sino que deja que sean los demás los que lean entre líneas y saquen las conclusiones.
Mientras tanto, la empresa ha hecho público esta semana el acuerdo que ha alcanzado con el dueño de 35 hectáreas en Valdeflores para arrendar el suelo donde iría la planta de procesado de litio durante toda la vida útil del proyecto minero en el caso de obtener el permiso de explotación, por un precio total aproximado de 2,1 millones de euros. Para los promotores es un buen movimiento estratégico porque cumple el doble objetivo de garantizarse el acceso a esos terrenos sin necesidad de ir a un proceso de expropiación y de asegurarse, si no el apoyo expreso, al menos la neutralidad de uno de los principales propietarios de suelo de la zona, con la certeza además de que no tendrán que pagar nada si la mina no sale adelante. Un 'win-win'.
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