A la caza del putero

El desaguisado no se corrige cuestionando a los jueces que aplican la norma, ni mucho menos insultándolos como ha hecho la ministra de Igualdad, aunque estemos normalizando la violencia dialéctica como arma aceptada en el debate político, porque muchos han decidido convertir el Congreso en un foro de Twitter para desgracia de todos.

Que hay que corregir el desaguisado está fuera de toda duda y que se está tardando en hacerlo, también. Pero esta consecuencia nefasta no debe ser argumento para tirar por tierra una ley que convierte el consentimiento expreso como elemento clave a la hora de juzgar los delitos sexuales y que deja claro, como tiene que ser, que la violencia machista no es solo la que se produce en el ámbito de la pareja o expareja.

No obstante, si bien supone por ello un avance en la lucha contra la violencia machista, cojea en todo lo concerniente a la violencia sexual más invisible que se ejerce contra las mujeres, que es la prostitución. Solo prohíbe expresamente los anuncios de prostitutas y establece el compromiso de impulsar campañas de concienciación y sensibilización para desincentivar la demanda de «toda clase de servicios vinculados con la explotación sexual, la prostitución y la pornografía que naturaliza la violencia sexual, así como las consecuencias que tiene para las mujeres prostituidas».

He leído que las webs de prostitutas ya se están reinventando para burlar la norma y están empezando a anunciar 'escorts', y argumentan para ello, con razón, que la prostitución no es ilegal en España. Porque de esto va el asunto. Porque se ha perdido la oportunidad de combatir la explotación sexual en la ley del solo sí es sí y lo que se recoge para hacerle frente son solo parches cuya eficacia es más que dudosa.

Lograrla es el objetivo de la ley que promueve el socio mayoritario del Gobierno y que servirá, cuando menos, para aclarar posiciones y, si sale adelante, contar con herramientas útiles, más allá de la sensibilización, para tratar de cercar un negocio que fulmina la dignidad de los seres humanos que son prostituidos. En el caso de Extremadura, el 90% mujeres extranjeras de entre 20 y 40 años, la mayoría colombianas y rumanas. En el caso de España, país convertido en el burdel de Europa, las cifras hablan de más de 300.000 mujeres, la mayoría víctimas de la trata de seres humanos que acaban en clubes o pisos engañadas por proxenetas y reducidas a esclavas sexuales.

El PSOE busca enmendar lo que no ha podido hacer con la ley del solo sí es sí, que nació para combatir las violencias sexuales y que ha dejado fuera a una que exige que la miremos de frente de una vez. En la ley que quieren sacar adelante los socialistas se recogen tres puntos imprescindibles para tratar de conseguir que la prostitución no siga a flote en este país: castigar todo tipo de proxenetismo (quien favorezca, promueva o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma), también el alquiler de locales y pisos para ejercer la prostitución y sancionar a los hombres que paguen por sexo. Porque como se defiende desde la asociación Malvaluna, «la ley tiene que poner el foco en el putero porque, si no existiese, no habría ni trata ni prostitución; hay que ser contundente», ha declarado Gloria Angulo esta semana en HOY.

Está por ver si la ley abolicionista que promueve el PSOE se convierte en realidad y se dispone de una norma que permita enfrentarse a la prostitución como ejemplo máximo de violencia sexual. De momento cuenta con el respaldo más importante y preciso, el del PP. Y con un argumento que bastaría para acallar la amplia variedad de peros del variopinto arco parlamentario que tenemos. «Apoyamos la eliminación de cualquier forma de violencia contra las mujeres por encima de cualquier otra consideración; la prostitución no puede ser legal, como no puede serlo la venta de órganos», ha dicho la diputada Marta González. Y así es.