El pasado jueves, el mismo día que Pedro Sánchez fue investido caballero de fortuna, ese mismo día que para los suyos es el principio de ... una nueva era de concordia y prosperidad y para los contrarios el principio del fin de España, ese mismo día se publicó una noticia que pasó casi inadvertida en los diarios y que es lo que más debería preocuparnos a los españolitos de a pie.
En España, al contrario que en otros países europeos, la pobreza tiende a ser una condena de larga duración imperdonable. Un problema crónico que no se resuelve ni con amnistías ni indultos. La pobreza multidimensional (la que implica privaciones de diferentes tipos) se cronificó en el periodo 2016-2020 manteniéndose en torno al 15% de la población, es decir, que afecta a casi uno de cada siete españoles. En contraste, socios comunitarios con tasas inicialmente más altas, como Portugal y Grecia, y otros con niveles similares al español, como Polonia y Hungría, la recortaron en hasta cinco puntos porcentuales.
Estos datos son de un informe de la Fundación la Caixa. Y es de prever que, pese a las medidas del escudo social puestas en marcha por el Ejecutivo de Sánchez, hayan empeorado o cuando menos se hayan estabilizado en los últimos tres años en los que hemos sufrido una pandemia con su consiguiente crisis económica y una guerra en Ucrania que disparó la inflación y llevó al Banco Central Europeo a elevar los tipos de interés mucho y en poco tiempo, para castigo de los hogares hipotecados. Por si fuera poco, se ha desatado otro conflicto bélico entre israelíes y palestinos en ese polvorín que es Oriente Próximo, que veremos como acaba afectando a la economía mundial y, por tanto, a nuestros ya mermados bolsillos. De lo que dan cuenta otros dos síntomas alarmantes: el crecimiento de la morosidad bancaria y la disminución de los ahorros de las familias.
Sufrir mala salud, tener educación primaria o ninguna, vivir hacinados en casa o tener goteras en el techo, contar con un parado en la familia, no poder pagar un coche o internet y que los ingresos del hogar estén por debajo del 60% de la mediana son los indicadores de privación tenidos en cuenta por el estudio de la Fundación la Caixa, que ofrece una conclusión pesimista y otra optimista. La mala noticia es que los pobres en España tienen más riesgo de sufrir nuevas carencias y menos probabilidades de salir de las que ya padecen. Por ejemplo, quien no dispone de medios para hacer frente a un imprevisto tiene más riesgo de no poder, más adelante, pagarse un coche. La buena nueva es que la elaboración de programas de políticas bien coordinados puede ayudar a superar las privaciones.
Por tanto, por encima de debates territoriales, la prioridad del nuevo Gobierno debería ser reforzar y ampliar su escudo social para reducir la pobreza y la creciente desigualdad social, que son las mayores amenazas que sufre nuestro país, por encima de 'puigdemones' y 'rufianes', porque no es que pongan en peligro la unidad de España, sino la de la sociedad española, abriendo una brecha cada vez más insalvable entre los que más y menos tienen. Brecha que genera un creciente malestar social que es el germen de las revoluciones y reacciones que desestabilizan y destruyen las democracias. No solo hay que reclamar más solidaridad a Cataluña y demás comunidades ricas con las pobres, sino también, y sobre todo, a los ciudadanos (y empresas) más pudientes con los menos. No por caridad, por mera supervivencia.
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