El respaldo de Junts y ERC a Sánchez en pleno 'caso Cerdán' pende de la amnistía y el concierto

La decisión de la Audiencia de Barcelona, que ha amnistiado recientemente a una cuarentena de exaltos cargos del Govern y empresarios procesados por el 1-O, ha insuflado moral al movimiento secesionista, un año después de la aprobación de la ley. Cerca de 300 independentistas se han beneficiado ya de las medidas de gracia, pero no Carles Puigdemont ni Oriol Junqueras. El itinerario para el expresidente de la Generalitat, según fuentes de su entorno, se prevé largo para los próximos meses, hasta final de año como mínimo. Este martes está previsto que el Constitucional, salvo sorpresa mayúscula, avale que la norma se ajusta a la Carta Magna, pero la sentencia no tendrá «efectos automáticos» para los líderes del 'procés'. «Abrirá el camino», señalan en el independentismo. Tras la sentencia del TC, esperan un auto muy «duro» del Supremo.

La segunda fecha clave será el 15 de julio, en el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE). Se celebrará la vista sobre las cuatro cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional, el Superior de Cataluña y un juzgado barcelonés    para resolver si la amnistía se adecúa o no al Derecho comunitario. La sentencia se prevé para octubre. Si les es favorable, Puigdemont y el exconseller Toni Comín presentarán un recurso al TC y le reclamarán que deje en suspenso la orden de detención del juez del Supremo Pablo Llarena para poder regresar de Waterloo.

En paralelo, los planes de la defensa del líder de Junts pasan por tratar de que el Constitucional, también por la vía del amparo, retire la competencia al Supremo y lo derive al Tribunal Superior catalán, que en algunos casos sí se ha mostrado favorable a amnistiar causas por malversación.

Forma parte del acuerdo de los socialistas con ERC tanto para la investidura de Sánchez como de    la de Salvador Illa. El pacto establece que antes de este 30 de junio el Gobierno y el Govern tienen que presentar una propuesta definitiva. La negociación se lleva en secreto a tres bandas: Moncloa, Palau de la Generalitat y Esquerra. Y según fuentes conocedoras de las conversaciones, el acuerdo está aún «muy verde». En cualquier caso, en ERC confían en que tarde o temprano habrá fumata blanca y el cambio de modelo será muy significativo con la salida de Cataluña del régimen común y la gestión progresiva de todos los impuestos.

El primer objetivo es que ya el año que viene la agencia tributaria catalana gestione la campaña del IRPF. De momento, Junts no ha entrado en las discusiones, pero podría pasar como con la ley de amnistía, con dos negociaciones paralelas que acabaron confluyendo. ERC solo avalaría unos Presupuestos del Gobierno y del Govern si hay pacto fiscal. Y señala a la vicepresidenta Montero como un «problema» para el acuerdo.

El Gobierno de Sánchez llevó la reivindicación de Junts a la última reunión del consejo de asuntos generales de la UE. No logró la unanimidad necesaria de los 27 y la oficialidad quedó pendiente para nuevas cumbres comunitarias. En Junts valoran el esfuerzo negociador del Gobierno y se apuntan para el futuro el veto del PP. Esta semana hay Consejo Europeo, pero aún es pronto para convencer a Italia, Alemania o Finlandia, países que disienten. En su reunión en La Moncloa tras reventar el 'caso Cerdán', Jordi Turull y Míriam Nogueras exigieron a Sánchez «garantías del cumplimiento» del acuerdo de investidura, en una legislatura ya al «límite», según los junteros. Un vuelco en la cuestión del catalán sería clave. Para Junts es un asunto de reconocimiento nacional para el que pide a los suyos «paciencia» y «confianza».

El Gobierno y Junts negociaron durante más de un año la delegación de las competencias a la Generalitat. El acuerdo llegó en marzo pasado en forma de una proposición de ley que aún no ha llegado al Congreso. Podemos, cuyos votos son imprescindibles, califica de «racistas» las propuestas de los junteros en materia migratoria. Sin el aval de los morados, la iniciativa no tiene posibilidades de prosperar en un escenario parlamentario contaminado por el 'caso Koldo-Ábalos-Cerdán' que amenaza la legislatura.