Los usuarios de rutas escolares sin servicio por falta de empresas podrán viajar en autobuses de línea

Las consejerías de Educación e Infraestructuras trabajan en la elaboración de una orden conjunta para regular este nuevo servicio, que pretender ofrecer alternativas en casos en los que no haya ninguna empresa encargada de un contrato de ruta escolar.

El proyecto de orden establece el procedimiento para la reserva de plazas en las líneas de viajeros de uso general de titularidad autonómica por parte de la Consejería de Educación para el traslado de los escolares que tengan derecho al servicio de transporte escolar.

En los casos en los que la licitación de rutas escolares haya quedado desierta por falta de empresas licitadoras interesadas en el servicio, Educación facilitará a la consejería competente en materia de transporte (en este caso, Infraestructuras) los datos referentes a los recorridos, paradas, número de plazas a reservar, horarios de entrada y salida de los centros, días lectivos del calendario escolar y cualquier otro dato que permita evaluar la viabilidad de la reserva de plazas en las líneas de uso general. También deberá comunicar a la mayor brevedad posible cualquier cambio que se produzca.

La Consejería de Infraestructuras, comprobada la coincidencia de tráficos e itinerarios de las concesiones del transporte de uso general y de las rutas escolares en cuestión, lo pondrá en conocimiento de Educación, a la que corresponderá elevar una propuesta sobre reserva de plazas.

Tras esto, Infraestructuras dictará resolución que recogerá el número de plazas a reservar, la tarifa aplicable en cada ruta, las localidades y las paradas.

La reserva de plazas será obligatoria para el contratista del transporte regular de uso general, que deberá excluir de la venta esos asientos. La medida tendrá vigencia, con carácter general, durante el curso escolar.

Las plazas reservadas para escolares serán contiguas, de manera que el alumnado esté en la misma zona del vehículo, preferentemente en la parte delantera. A esto se sumará el acompañante contratado por Educación. Esta consejería abonará mensualmente a la empresa adjudicataria de la línea regular el importe de la tarifa de usuario del servicio, para lo que se tendrá en cuenta el número de kilómetros recorridos, las expediciones diarias (dos, una de ida y otra de vuelta), los días lectivos con transporte y el número de plazas reservadas.

El proyecto de orden añade que la empresa transportista y la persona que preste el servicio de acompañante podrán adoptar las medidas que estimen oportunas para prevenir cualquier situación de riesgo para los menores de edad, ya que tendrán que compartir el vehículo con adultos ajenos al servicio.

En cualquier caso, los usuarios del transporte general no deberán aportar una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, tal como exige la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia para aquellas profesiones y actividades que impliquen contacto habitual con menores de edad. La orden señala que se atiende a su derecho a la movilidad en un medio de transporte público y a que no se tratas de una labor profesional.

La Consejería de Educación recalca que sólo se recurrirá a esta medida en casos puntuales. «Las rutas de transporte escolar las van a seguir haciendo las empresas que se dedican al servicio de transporte escolar», asegura. Pero con esta orden, y sólo en casos excepcionales en los que algún contrato haya quedado desierto tras la licitación, se podrá cubrir este servicio en coordinación con las concesiones de transporte ordinario, «con todas las garantías de seguridad y legalidad para el alumnado».

Educación recuerda que esta opción ya estaba prevista en el decreto del año 2008 que regula el servicio de transporte escolar a centros públicos de la región, pero no se había desarrollado el reglamento correspondiente. Para ello se recurre a una orden específica, lo que permitirá adoptar esta solución, que tiene su respaldo legal en la Ley de ordenación de los transportes terrestres.

Con esta medida se pretende «seguir dando pasos para mejorar el servicio de transporte escolar», lo que afirma que es «un objetivo prioritario para este Gobierno, puesto que es un servicio complementario con carácter compensador que garantiza el acceso al sistema educativo de todo el alumnado y también la igualdad de oportunidades, especialmente, para los que viven en las zonas rurales».

Educación señala que en el curso que acaba de terminar se han puesto en marcha unas 570 rutas escolares para más de 16.000 alumnos. Para el próximo entrará en vigor el nuevo acuerdo marco que incrementa en un 20% de media los precios para las empresas, con una inversión por parte de la Junta de Extremadura de 21 millones de euros. «Son 3,5 millones de euros más que el convenio anterior que venía operando con precios de 2016», añade.

Junto a esto, se van a habilitar otras medidas complementarias, como esta colaboración con la Consejería de Infraestructuras para que los alumnos sin ruta por falta de empresa adjudicataria del servicio puedan subir a los autobuses de líneas autonómicas. «El objetivo es añadir garantías a la prestación de este servicio tan importante», afirma.

La Consejería de Educación no aclara cuántos alumnos están asignados a rutas escolares que han quedado desiertas para el próximo curso, pero asegura que esta medida sólo se aplicará en casos excepcionales.