Los trámites retrasan la ocupación de las 45 viviendas cedidas por la Sareb en Extremadura

Los trámites administrativos retrasan la utilización de las 45 viviendas que la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) ha puesto a disposición de la Junta de Extremadura para alquileres asequibles en la región.

La secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de consumo de la Junta, María Isabel Moreno Duque, afirmó ayer en una comparecencia en la Asamblea para responder a una pregunta del Grupo Popular que se están dando los pasos que permitirán recibir las primeras 26 viviendas con el objetivo de adecuarlas para poder ofrecerlas en arrendamiento, pero aún no se estiman plazos reales.

El diputado popular José Ángel Sánchez Juliá recordó que el convenio con la Sareb se firmó en octubre del pasado año. En febrero la Junta señaló que ya disponía de 20 viviendas y en marzo anunció la recepción de las 25 restantes. Sin embargo, ninguna está aún disponible para ser ofrecida dentro de la bolsa de alquiler asequible.

Moreno Duque replicó que hasta el 2 de marzo no se hizo entrega de la relación completa de las 45 viviendas en una reunión en la que se aportaron las llaves y una autorización genérica de entrada para aquellos inmuebles de los que no se dispone de llaves.

Desde entonces, la Dirección General de Arquitectura trabaja para evaluar y presupuestar las obras de reforma necesarias para ponerlas en uso. Tal como establece el convenio, las viviendas deben disponer de cédula de habitabilidad y reunir las condiciones para su ocupación inmediata. En caso de que haya que hacer obras, la Sareb y la Junta asumirán el coste al 50% hasta un máximo de 7.000 euros por vivienda. Es decir, no se garantiza que los 45 pisos seleccionados puedan ser finalmente habitados, sino que antes hay que evaluar los costes.

Como expuso la secretaria general, el primer paso fue elaborar los informes técnicos sobre las viviendas para verificar que reunían las condiciones para su uso inmediato. A su vez, se recabaron los documentos necesarios (cédula de habitabilidad, nota simple y certificados catastrales), para lo que se contactó con los ayuntamientos donde se encuentran estas propiedades.

El 28 de abril se incorporaron los últimos informes técnicos, en los que se verificó que no todas las viviendas están en condiciones de ser aceptadas porque requieren obras estructurales o presentan problemas de humedades. Al mismo tiempo, se inició la solicitud de presupuestos para reparar aquellos inmuebles que pueden ser recepcionados por la Junta pero que requieren mejoras para asegurar su habitabilidad. Para ello, la Sareb debe dar su aprobación.

Moreno Duque expuso que algunas de las viviendas incluidas en el convenio carecen de cédula de habitabilidad y licencia de primera ocupación, y además no hay posibilidad de que puedan obtener estos permisos. Incluso figuran en el Catastro a nombre de terceras personas, hasta el punto de que se ha descubierto que dos de ellas habían sido enajenadas por la Sareb. También se ha constatado en cuatro casos que las llaves no se corresponden con el portal o la puerta de entrada. Por ese motivo, se ha pedido a la entidad que solvente estas deficiencias.

En definitiva, sólo se han podido iniciar expedientes de cesión a la Junta sobre 26 viviendas, aquellas que necesitaban menos reparaciones. Ahora se está a la espera de que los servicios de Intervención den el visto bueno a estos acuerdos. Según explicó, estos contratos son necesarios para poder hacer las obras de reparación y cerrar los arrendamientos con las familias. «Es un procedimiento que se dilata muchísimo, muchísimo en el tiempo», reconoció María Isabel Moreno Duque. «Porque deben recabarse documentos de varias administraciones, pero sobre todo porque la recepción de las viviendas no puede suponer nunca un quebranto para la hacienda pública».

Además, añadió que este problema también se da en otras comunidades autónomas que firmaron sus convenios antes que Extremadura. A este respecto, volvió a ensalzar el acuerdo firmado por la Junta, que se ha asegurado de que las viviendas que se entreguen estén vacías y que además será la única comunidad que no deberá asumir el pago del IBI, lo que supondrá un ahorro de 72.000 euros (a una media de 400 euros por piso durante los cuatro años de los contratos de cesión).

Ante estas explicaciones, José Ángel Sánchez Juliá pidió que se aclare dónde se encuentran estas primeras 26 viviendas que se ofrecerán en alquiler y cuándo podrán ser efectivamente ocupadas por familias necesitadas.

La secretaria general de Vivienda no ofreció datos de ubicación ni tampoco un plazo de ocupación, ya que todavía hay que esperar la respuesta de Intervención, formalizar los contratos de cesión y después ejecutar las obras necesarias antes de iniciar los trámites de adjudicación a los nuevos inquilinos.