Más extremeños ricos pero con menos dinero

Estas cifras consolidan la tendencia al alza en el número de declarantes. En 2015 llegaron a 907, tras lo que se produjo una notable subida debido a la modificación que hizo el Gobierno regional dentro de sus competencias. Las comunidades autónomas pueden regular la tarifa de la escala autonómica (como en el IRPF), las deducciones y bonificaciones y el mínimo exento, que es la cantidad sobre la que no se tributa.

El Impuesto de Patrimonio es un tributo estatal cedido a las comunidades autónomas. Están obligados a declarar quienes tengan bienes y derechos por valor superior a 2 millones de euros, o bien quienes, una vez aplicadas las normas específicas de cálculo, obtengan una cuota con resultado a pagar. De ahí que rebajar el mínimo exento suponga aumentar el número de contribuyentes.

El Ejecutivo de Fernández Vara optó en 2016 por esta última opción. El mínimo exento pasó de 700.000 a 500.000 euros, el segundo más bajo de todas las comunidades autónomas tras Aragón y a la misma altura que Cataluña. También se redujo en la misma cuantía para las personas con discapacidad, que tienen un límite superior: 600.000 para un grado del 33 al 50% (antes era 800.000), 700.000 de 50 al 65% (antes 900.000) y 800.000 por encima del 65% (en vez de 1.000.000).

Esto explica que en 2016 creciera el número de contribuyentes. Sin embargo, la subida de 2017 solo puede obedecer a que más personas generaron patrimonio por encima del mínimo exento. Y eso a pesar de que el valor total de los bienes declarados se redujo.

Según la estadística de la Agencia Tributaria, de algo más de 2.000 millones de euros de patrimonio declarado en 2015 se pasó a casi 2.300 en 2016, gracias a la modificación del mínimo exento. Esto se aprecia en la cifra media, que bajó de 2,2 millones por persona a 1,93 millones. Es decir, pasaron a pagar por este impuesto contribuyentes que antes estaban exentos porque su fortuna quedaba fuera de los límites anteriores; de ahí que baje la media.

En 2017 aumentó el número de extremeños que hicieron liquidación por este impuesto, pero bajó el patrimonio total a poco más de 2.200 millones. La media también se redujo a 1,82 millones por declarante.

La caída de patrimonio se centró en el capital mobiliario, lo que podría considerarse dinero en metálico. En concreto, se redujo de forma considerable el capital no negociable en mercados de valores (depósitos, obligaciones, acciones...), que pasó de 1.187 a 1.073 millones de euros. Sin embargo, el valor de los bienes inmuebles declarados creció, de 521,4 a 521,2 millones de euros; también de los vinculados a actividades económicas, de 70,2 a 78 millones; y los relacionados con seguros y rentas vitalicias, de 40,6 a 46,4 millones.

A pesar de que el volumen total del patrimonio declarado en 2017 se redujo respecto a 2016, la Junta de Extremadura recaudó más dinero. De 5,1 millones pasó a 5,32, con una media de 4.546 euros por contribuyente (el ejercicio anterior fue de 4.485 euros).

Se debió especialmente a que, aunque el valor total de los bienes fue menor, en realidad la bajada se produjo en los considerados exentos, que pasaron de 916 a 809 millones de euros. En consecuencia, la base liquidable, sobre la que se aplican las tarifas para calcular el dinero a pagar, fue mayor.