Recuperar el espíritu de consenso de la Constitución
El acto 'Encuentros por la Constitución' plantea un acuerdo entre los grandes partidos para desencallar la situación política actual
Un gran consenso entre los partidos para solucionar la situación política actual y un rechazo a las medidas que plantean una condonación de la deuda y un cupo fiscal catalán. Son algunas de las conclusiones del acto 'Encuentros por la Constitución', que se ha celebrado este martes en Mérida con motivo del aniversario de la Carta Magna este miércoles 6 de diciembre. Este evento, organizado por Vocento y el diario HOY, ha contado con la participación del expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra; la magistrada y jueza decana de Mérida, Carmen Romero; Gabriel Moreno, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura y Javier Bardají, economista y abogado.
La directora de HOY, Mar Domínguez, ha puesto el foco en la ley de amnistía y los riesgos que representa para el Estado de derecho recogido en la Constitución. Para Rodríguez Ibarra, la transición se debió a la capacidad de renuncia de los reformistas, que dejaron de lado la dictadura y a los sectores más inmovilistas, y de la oposición de izquierdas, que aisló a los más radicales y aceptó no pedir cuentas al régimen. A su juicio, al igual que se logró un acuerdo entre los que perdieron la Guerra Civil y los que la ganaron, en la actualidad Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, como líderes de los dos principales partidos, deberían ser capaces al menos de dialogar e incluso de plantear una reforma constitucional.
Para Gabriel Moreno, profesor de Derecho Constitucional, actualmente no hay consenso para lograr esa reforma, pero considera que se puede construir. En cuanto a la posible inconstitucionalidad de la ley de amnistía, ha desgranado los argumentos a favor y en contra. En su opinión, debería haber un consenso para una solución que considera excepcional, pero en realidad sólo se trata de una solución política para obtener los apoyos necesarios para una investidura. En cuanto a lo que pueda decir el Constitucional al respecto, considera que no tiene importancia, ya que la norma tendrá plena vigencia en cuanto se publique y una hipotética sentencia en contra no tendrá efecto penal porque no se pueden sancionar conductas con efecto retroactivo, con lo que sólo tendría consecuencias políticas o para futuras amnistías.
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Para la magistrada Carmen Romero la Constitución no está en peligro, sino el Estado social y de derecho, ya que considera que se están vulnerando principios como la independencia de los jueces y la igualdad ante la ley. En su opinión, la amnistía no cabe en la Carta Magna, aunque no se prohíba de forma expresa, y recalca que tampoco se recoge en el Código Penal actual.
Por su parte, Javier Bardají estima que la situación política «va a tener unos efectos económicos casi inmediatos», a pesar de que en la actualidad sube la Bolsa y bajan los niveles de deuda. Por ese motivo, reclama un acercamiento entre los dos grandes partidos para evitar lo que considera «una situación de riesgo cierto».
Rodríguez Ibarra ha añadido que en la Constitución no se recoge la amnistía porque ya aparece el indulto, pero que en su momento el PSOE habría exigido una mayoría cualificada para su aprobación. «Sigo pensando que no debería producirse», ha añadido. Asimismo, el expresidente extremeño ha mostrado su preocupación por otros puntos del acuerdo de Pedro Sánchez con los independentistas, como la condonación de la deuda, que beneficiaría especialmente a Cataluña aunque se extienda a otras comunidades autónomas, y la creación de un cupo catalán similar al vasco y navarro. Mientras tanto, Extremadura debe soportar carencias en las infraestructuras. «No puede ser que el ferrocarril cada semana se estropee», ha apuntado.
Una solución para el CGPJ
El encuentro también ha abordado otra de las cuestiones más polémicas de la política actual, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que acaba de cumplir cinco años con un mandato caducado. La magistrada y jueza decana de Mérida, Carmen Romero, ha afirmado que el sector está «agotado» por una situación que está paralizando el nombramiento de nuevos cargos. Como ejemplo, ha indicado que la sala tercera del Tribunal Supremo está «bajo mínimos» y que en el horizonte hay nuevas jubilaciones. En su opinión, los responsables son los presidentes del Congreso y el Senado, quienes tienen la competencia para convocar los plenos que deben renovar el órgano judicial. Y considera que una posible solución pasaría por volver al modelo original, en el que doce de los veinte vocales del CGPJ eran elegidos por los propios jueces y no por las Cámaras, como en la actualidad.
Gabriel Moreno coincide en esta tesis, para lo que plantea que sean las asociaciones judiciales las que elijan a esos doce representantes. También considera interesante la solución propuesta por el presidente del consejo, Vicente Guilarte, quien plantea que el nombramiento de los presidentes de las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia y las salas del Supremo esté en manos de los propios jueces.
Por su parte, el expresidente extremeño Rodríguez Ibarra cree que los presidentes del Congreso y el Senado deben buscar un acuerdo. Pero también estima que la elección del CGPJ debería estar en manos del poder legislativo, ya que la independencia judicial está en entredicho con las sentencias predecibles del Supremo y el Tribunal Constitucional.
Vocento impulsa una serie de actividades en apoyo de la Constitución
Con motivo del 45 aniversario de la Constitución Española, Vocento organiza una serie de actividades conmemorativas de apoyo a la norma común de todos los españoles. Personalidades, juristas y expertos participarán en diversos foros convocados a través de los periódicos regionales para abordar la absoluta necesidad de su vigencia y puesta en valor así como para debatir sobre el momento político e institucional que atraviesa. Ratificada por el pueblo español en un referéndum el 6 de diciembre de 1978, la Carta Magna se erigió en aquel momento histórico como el símbolo del gran pacto entre los españoles para avanzar en un país libre, democrático y plural hacia la prosperidad. Desde hace nueve lustros la ley de leyes garantiza la democracia y el Estado de Derecho, lo que deriva en un compromiso con el mantenimiento del estado de bienestar, la igualdad y la dignidad de los españoles. Explicar las inquietudes que surgen en torno a algunos de sus 169 artículos, investigar y debatir sobre las nuevas realidades constituye un ejercicio oportuno y necesario en el que los periódicos se vuelcan estos días como muestra de su apoyo incondicional a la Constitución.
