Los pueblos extremeños ajustan cuentas con el franquismo

Uno de ellos es precisamente del mismo Consistorio, que en el año 2014 aceptó la solicitud de la ARMHEX (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura) y le retiró la medalla de la localidad a Manuel Gómez Cantos (San Fernando, Cádiz, 1892), capitán de la Guardia Civil también conocido como 'El carnicero de Extremadura'. Quizás hoy seguiría teniendo esa condecoración si no hubiera sido por Javier García Carrero, doctor en Historia que le dedicó una parte de su tesis doctoral y que es autor del libro 'Un siglo de historia de la Guardia Civil en Extremadura. Desde su fundación a la lucha contra el maquis (1844-1944)', editado por las universidades de Extremadura y Córdoba y obra ganadora del premio Arturo Barea en el año 2016.

«Gómez Cantos no solo fusiló a un montón de extremeños, sino que hizo de las suyas por toda la región», sitúa el experto, cuya investigación también propició no solo que el consistorio de Villanueva de la Serena le retirara a Gómez la medalla, sino que hiciera lo mismo el de Azuaga, en marzo de 2015.

«Él fue el único que se sublevó en la provincia de Badajoz, tenía un grupo móvil de guardias civiles que iban por las poblaciones de la zona, y participó en la ocupación de Azuaga», explica el historiador, que recuerda que «Villanueva de la Serena fue el último territorio que ocuparon los franquistas, de ahí que se hable de la Bolsa de La Serena».

En la localidad «mandó fusilar a más de 30 vecinos», recordaba el periodista Sergio Lorenzo en este diario en febrero del año 2022, en una de sus entregas de la sección 'Crónica negra', en la que reconstruía el día que el capitán de negro recuerdo fusiló a tres compañeros de la Benemérita por rendirse en Mesas de Ibor ante 40 maquis armados con pistolas, escopetas, una ametralladora y bombas de mano.

«Hay quien le sitúa en la matanza en la plaza de toros de Badajoz. Participó en la toma de Guadalupe, Rena, Santa Amalia... –detallaba el reportaje–. Terminada la Guerra, fue gobernador civil en Pontevedra, hasta que en 1942 volvió a Extremadura como teniente coronel al mando de la Comandancia de Cáceres. Empeñado en acabar con los maquis en Alía, fusiló en el año 1942 a 24 ó 30 vecinos (la cifra varía según las fuentes). Apartado de la jefatura de la Comandancia de Cáceres, se le formó un consejo de guerra que le acusó de abuso de autoridad, y le condenaron a un año de cárcel. Estando en prisión solicitó el retiro voluntario de la Guardia Civil. Vivió en la ciudad de Cáceres hasta 1970. Luego se fue a Madrid, en donde murió en un hospital militar en mayo de 1977, cuando tenía 85 años».

La retirada de la medalla de Villanueva a Gómez Cantos en el año 2014 fue apoyada por toda la corporación municipal. «No merece debate esta persona por su sanguinaria historia», declaró entonces José Antonio Manzano, portavoz del PP. El pasado día 26, en el mismo ayuntamiento, el PP votó en contra de quitar el título de hijo adoptivo a Luis Solans, si bien su portavoz, Manuel Lozano, argumentó que lo hacían por una cuestión formal. Según explicó, el reglamento municipal de honores y distinciones establece que antes de aprobar nada, debe iniciarse un expediente. «Que se tramite y que lleguemos a la conclusión que sea», propuso el edil popular.

La unanimidad que faltó hace unos días en Villanueva de la Serena sobró en Plasencia en el año 2017, cuando los 21 concejales de cinco partidos (PP, PSOE, Ciudadanos, Extremeños y Plasencia en común) apoyaron retirar las tres medallas de oro de la ciudad concedidas a Franco en 1945, 1964 y 1971, previa solicitud de ARMHEX.

«Fue rápido el Ayuntamiento de Plasencia (PP), se lo pedimos y tardó poco en tramitar nuestra solicitud y aprobar la retirada de las medallas, lo mismo que el de Villanueva de la Serena (PSOE), entonces con Gallardo como alcalde, cuando pedimos lo de Gómez Cantos», rememora Juan Manuel Corbacho, abogado de la ARMHEX. A este colectivo pertenece también el historiador Ángel Olmedo, que llama la atención sobre el hecho de que esta asociación «empezó a pedir la retirada de distinciones a franquistas incluso antes de la entrada en vigor de la ley autonómica de memoria histórica y democrática en el año 2019».

Diez años antes, a finales de 2009, el Ayuntamiento de Badajoz retiró el título de hijo adoptivo al general Juan Yagüe, gracias a una moción presentada por el grupo socialista, apoyada por IU, y en la que el PP se abstuvo.

En enero del año 2018, el ayuntamiento de Villanueva del Fresno retiró los títulos de hijos adoptivos que había concedido en el año 1937 a Gonzalo Queipo de Llano, Juan Yagüe, Carlos Asensio y el coronel Antonio Castejón. Lo hizo con los votos a favor del PSOE y la abstención del PP. Y antes aún, en mayo de 2012, el ayuntamiento de Hornachos le quitó los títulos de hijos adoptivos a Manuel Luengo y Julio Coloma. Se los había concedido «en agradecimiento y admiración a las actuaciones que estos dos insignes soldados tuvieron en la liberación de Hornachos del dominio rojo en agosto de 1936», recogía el documento oficial.

Más precedentes: en 2009, el Ayuntamiento de Mérida quitó las concedidas en el año 1943 –y entregadas en 1970 durante una visita al palacio de El Pardo– a Franco, al ministro de su Ejército Carlos Asensio Cabanillas, y a José García Moreno, gobernador civil de Badajoz en la posguerra y jefe provincial de Falange.

«Este tipo de decisiones van más allá de lo gestual», valora Tina Merino, presidenta de AFAMEVVA. «El franquismo –añade– y su represión siguen impunes en España, y hay que acabar con esta impunidad y hacer justicia con las víctimas. Retirar estas distinciones es un modo de hacer justicia, rompe un poco esa impunidad que rodea aún a nuestro holocausto, usando una palabra que utilizó el historiador Paul Preston» . «Han pasado 50 años de la muerte de Franco y seguimos con gente en las fosas y sin hablar de los victimarios, ya es hora de hablar de ellos», plantea Merino, que ha investigados las trayectorias de varios, entre ellos la del antes citado Luis Solans.

Para sostener con más datos la solicitud que cursaron al ayuntamiento de Villanueva de la Serena el pasado octubre, Merino pidió más información a Vicente Moga, historiador y archivero en Melilla, donde Solans trabajaba en 1936. De hecho, el ayuntamiento melillense le concedió en 1941 su medalla de oro «en reconocimiento al papel jugado en el triunfo de la sublevación militar y en los primeros meses de asentamiento, caracterizados por una feroz represión de los golpistas», recoge Moga.

Él explica también que Solans era el número dos de la Circunscripción Militar de la Región Oriental, con sede en Melilla, y que el 17 de julio del 36, depuso por la fuerza a su superior (el general Romerales) para ocupar su puesto. Desde esa posición de poder, Solans encubrió varios asesinatos, escribe Moga, antes de ser destinado a Huesca y más tarde establecerse en Extremadura, donde fue reconocido entonces, en un error corregido ahora.