Los 12 pueblos más cercanos a la central de Almaraz reciben de ella 15 millones al año

Esa cantidad es el resultado de sumar lo que perciben las doce localidades que integran la llamada zona 1, que agrupa a aquellas con término municipal en un radio de diez kilómetros de la central. Son las siguientes: Almaraz, Belvís de Monroy, Casas de Miravete, Casatejada, Higuera de Albalat, Mesas de Ibor, Millanes, Romangordo, Saucedilla, Serrejón, Toril y Valdecañas de Tajo.

Todos estos municipios reciben dinero de la instalación por el IAE (Impuestos de Actividades Económicas) que abona la central. Y también cobran de Enresa por albergar residuos radiactivos. Enresa es la Empresa Nacional de Residuos Radiactivas S.A., que se encarga de los desmantelamientos nucleares y la preside la extremeña Olga García, nombrada presidenta hace unos días en sustitución de otro extremeño, José Luis Navarro. Ambos han sido consejeros en la Junta gobernada por el PSOE.

La central también paga el BICE (Impuesto de Bienes Inmuebles de categoría Especial), que se reparten entre Almaraz, Saucedilla, Serrejón y Romangordo, por ser sus términos municipales los que albergan la central, incluyendo no solo los terrenos en que se asientan los edificios y carreteras sino también el embalse de Arrocampo, construido 'ex profeso' para refrigerar la planta.

Hay una última tasa municipal que proporciona ingresos, aunque solo al Consistorio de Almaraz. Es el ICIO (Impuestos sobre Instalaciones, Construcciones y Obras).

La suma de todos estos conceptos proporcionó en el ejercicio de 2020 a los doce municipios de la zona 1 un total de 14,7 millones de euros, según el estadillo elaborado por los autores del informe a partir de tres fuentes: los datos facilitados por Enresa, los proporcionados por el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Cáceres y las que el Ministerio de Hacienda y Función Pública publica en su oficina virtual de entidades locales.

Quien más percibió en el año analizado fue el Ayuntamiento de Saucedilla, que superó los 5,4 millones de euros imputables a la nuclear. Le sigue Almaraz, que se acercó a los 5,1. Los otros diez pueblos suman ingresos sustancialmente menores. Así, Romangordo alcanzó en el año analizado algo más de dos millones. Y Serrejón, 837.000.

Hay dos pueblos que percibieron más de 200.000 euros pero menos de medio millón. Son Belvís de Monroy (343.000) y Casatejada (265.000). Y tres municipios reciben entre 100.000 y 200.000. Fueron en el año 2020 Casas de Miravete, que ingresó 190.000, Higuera de Albalat (146.000) y Valdecañas de Tajo (103.000). Por último, tres municipios no alcanzaron los cien mil euros: Toril (85.342) Mesas de Ibor (83.244) y Millanes (82.848).

El peso de estos ingresos sobre las cuentas municipales varía según el pueblo, pero en conjunto suponen el 57% del total, según concreta la investigación encargada por AMAC. La horquilla varía entre el 80% que supone la central para Saucedilla, el 67% de Romangordo, el 60% de Almaraz o el 56% de Higuera de Albalat y el 15% de Millanes y Casatejada, el 16% de Toril o el 18% de Valdecañas de Tajo.

El reparto se hace en base a dos criterios: la superficie del término municipal en la zona bajo control de la planta y la que está incluida dentro del embalse.

Si la central cierra, algunos de estos ingresos desaparecerán y otros descenderán de modo drástico. «En el momento en que los reactores se apaguen, el territorio dejará de percibir íntegramente los importes vinculados al Impuestos de Actividades Económicas, al considerarse que la instalación ya no presta una actividad a terceros», adelanta el informe. «De la misma manera –sigue–, el inmueble que aloja la central perderá su condición de especial, por lo que la tributación vinculada al IBI en ese concepto pasará a ser de, según las fuentes consultadas, entre un 1,5% y un 10% de la actual».

En cuanto a las asignaciones de Enresa, «dejarán de percibirse en el momento en que la central deje de alojar combustible activo». «Según la experiencia de desmantelamiento de otras centrales, esto debería suceder en un plazo de tres a cinco años desde el cierre», expone el informe elaborado por la consulta, que no obstante, precisa que «existe la posibilidad de que se prorrogue esta retribución en parte, según la política de gestión de residuos radiactivos adoptada».