La Junta retira las 12 liberaciones de 3.000 euros y niega que USAE entre en la Mesa General

Por eso rechaza su inclusión y por eso, también, inicia el procedimiento para retirar la docena de liberaciones que le habían sido concedidas por el anterior gobierno, al entender que sí tenían derecho a estar en Mesa General. Liberaciones, cabe recordar, por las que los doce delegados de USAE llevan cobrando desde el pasado julio una media de 3.000 euros brutos al mes, aunque ni antes ni ahora han participado en este órgano.

El departamento que dirige Elena Manzano señala que con esta decisión trata de corregir la situación generada por el exdirector general de Función Pública, Javier Gaspar, que fue quien les concedió las liberaciones en junio de 2023, cuando el gobierno socialista ya estaba en funciones.

«Lo primero que hizo este gobierno cuando llegó a la Junta de Extremadura, además de reunirse en varias ocasiones con este sindicato, fue pedir a esta organización el certificado de representatividad que obtuvo en las elecciones de diciembre de 2022. Una documentación totalmente necesaria para poder formar parte de la Mesa de Negociación porque necesitan tener más del 10% de representatividad. A día de hoy USAE no ha aportado el certificado requerido y, por ello, no forma parte de dicha Mesa de Negociación».

Hacienda recuerda, en este sentido, que la sentencia del TSJEx de 26 de octubre de 2023 desestimó íntegramente la demanda de USAE, que había acudido a la vía judicial para reclamar más liberaciones, «porque, entre otros motivos, afirma haber obtenido en las elecciones sindicales del 1 de diciembre de 2022 una representatividad del 16,88% pero no la acredita, únicamente aporta documentación acreditativa de los votos obtenidos, pero no la representatividad que los mismos suponen a nivel autonómico».

La Junta también señala, para argumentar su rechazo a la inclusión de USAE, que la letrada mayor emitió un informe en octubre de 2023 «donde se dice que esta central solo puede formar parte de la Mesa de Negociación si acredita su representatividad por la Oficina Pública de Registro, cosa que no realizó», y quiere dejar claro, por último, que «el salario de esos liberados sindicales no supone mayor coste a la administración porque es la retribución que reciben como empleados públicos que son».

Pero ahora, más allá de la decisión adoptada por la Consejería de Hacienda, será de nuevo el TSJEx el que deberá decir si USAE debe estar en la Mesa General de Negociación y si le corresponden o no las liberaciones que le habían sido concedidas.

La central, integrada por estas siglas en el ámbito sanitario, PIDE en Educación y SGTEX en Administración General, defiende que en las elecciones de diciembre de 2022 logró un 16,88% de representación, sumando los votos que cada sindicato obtuvo en su ámbito, y ha presentado una nueva demanda contra la Junta por vulneración de derechos fundamentales.

«Le hemos entregado copia a la consejera para que sepa que hemos llevado nuestra reclamación a la vía judicial, que agotaremos hasta el final, porque defendemos nuestro derecho estar en la Mesa», afirma Alfredo Aranda, representante de PIDE que este viernes ha participado junto con Victoria González, por USAE, y Jesús María García, por SGTEX, en la reunión a la que les había convocado Elena Manzano para informarles de que seguirían fuera de la Mesa General.

Las tres centrales, que conforman el sindicato técnico desde enero de 2019, confían en que los tribunales esta vez les den la razón, «porque ahora adjuntamos documentos que no teníamos en la primera demanda»: un certificado del Ministerio de Trabajo, en el que se vinculan los resultado logrados por los tres sindicatos integrantes de la federación; el escrito de Javier Gaspar en el que se les reconocen las liberaciones; y el informe de la letrada mayor de la Junta, que también recoge el 16,88% y señala que es posible la vinculación.

Por último, en cuanto a los 3.000 euros brutos de media al mes que están suponiendo las doce liberaciones desde el pasado junio a las arcas públicas, y que Hacienda dice que «no supone mayor coste a la administración porque es la retribución que reciben como empleados públicos que son», los propios liberados indican lo contrario. «Hay que sustituir a los liberados en sus puestos de trabajo y es la administración la que abona estos sueldos también».