La Junta dice que pierden 12 millones en dependencia porque el PSOE «no los justificó» y Vergeles asegura que mienten

García Espada ha anunciado que esos fondos destinados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia «se han perdido debido a la incapacidad del gobierno anterior del PSOE para justificar el gasto mínimo acordado para el año 2022 ante el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030».

Ha asegurado que «se trata de una mala planificación del gasto de ese año, que debía alcanzar los 13,5 millones de euros, pero que no se logró justificar adecuadamente».

Eso, apuntan desde la Junta de Extremadura, «significa que para el año 2023 Extremadura habría tenido la posibilidad de disponer de 23 millones de euros para destinar a las personas dependientes, pero sólo podrán ser 11».

La consecuencia más inmediata de esta pérdida de fondos, explican, «es que no se pueden conceder nuevas ayudas incluidas en la Ley de Dependencia, crear nuevas plazas residenciales en los centros de mayores, establecer plazas de teleasistencia o aumentar el número de plazas en las residencias municipales para mayores con un incremento de su financiación».

Por su parte, el anterior Gobierno lo niega. Vergeles asegura que lo que cuenta la consejera de Salud «es mentira y todo el dinero está perfectamente justificado ante el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en los plazos y con los modelos oficiales correspondientes». Y todo, indica, en el periodo que el PSOE ha estado gobernando. «Si luego han solicitado más información y ya no se ha mandado, de eso ya no me siento responsable», matiza.

Lo que tiene muy claro Vergeles es que en el tiempo que él ha sido consejero de Sanidad y Políticas Sociales «está justificado todo el dinero que corresponde al plan de choque de la Ley de la Dependencia» y califica la comparecencia de Sara García Espada en la Comisión de Salud en la Asamblea de Extremadura de este jueves de «lamentable porque se ha basado en echar culpas al Gobierno anterior y no ha dicho nada de lo que va a hacer».

Además, añade que en materia de Dependencia «se ve que no está bien informada o no tiene las herramientas suficientes como para defender la cuestión». Es más, Vergeles apunta que no ha dejado claro si se refiere a la financiación del nivel mínimo o al acordado.

La Ley de la Dependencia se financia con dos tipos de fondos. Por un lado, el de nivel mínimo, que es directamente de atención a las personas, y por otro, el acordado, que sirve para aspectos como mejoras de los centros residenciales, centros de día o sistemas de información para gestionar prestaciones de forma más ágil, entre otras cuestiones. «Con cargos al nivel acordado se han hecho reformas de centros residenciales y lo hemos justificado todo. De hecho, si no hubiésemos cumplido con el plan de choque no hubiésemos podido negociar con el Ministerio el nivel acordado. Por eso está claro que mienten», afirma Vergeles.

Apunta que si se está refiriendo al nivel acordado, «lo primero que tiene que hacer la nueva Junta es firmar el convenio con el Ministerio de Derechos Sociales», que cree que todavía no han firmado ese convenio para recibir los 23 millones adicionales para Dependencia. «Eso lo negociamos nosotros en el último Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia». Dice que así está recogido en el informe de traspaso de la gestión.

«Si se refiere al nivel mínimo también se ha justificado en tiempo y forma. De hecho los desajustes que pudiesen darse en todas las comunidades autónomas entre que se reconoce el derecho de la persona y se pagan las prestaciones también los hemos informado cuando hemos estado en el Gobierno», añade.

En la historia de la Ley de la Dependencia, hay que recordar que ese nivel acordado fue el que eliminó el Gobierno central de Mariano Rajoy. Eso supuso que Extremadura no recibiera nada de esa financiación y esta región tuvo que pagar la mayoría de las ayudas y servicios en este asunto con fondos públicos de la comunidad autónoma.

Con el Gobierno de Pedro Sánchez se recuperó en el año de 2018 y Extremadura recibió primero ocho millones de euros. Esa cuantía se ha ido incrementando con el paso del tiempo hasta los 23 millones a los que alude García Espada.