Los jueces extremeños no revisan ninguna condena de violencia sexual por la ley 'del solo sí es sí'

La Fiscalía General del Estado está analizando las solicitudes de revisiones de condena por abusos sexuales que ya han hecho los jueces y tribunales a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, y que han supuesto rebajas de pena, para determinar si es necesario unificar criterios para aplicar la también conocida como 'ley del solo sí es sí'.

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press han indicado que de momento se están estudiando las revisiones ya efectuadas caso por caso para decidir después sobre la necesidad de elaborar una circular que sirva de guía a los fiscales a la hora de aplicar la nueva ley.

En los tribunales de Madrid se han revisado ya varias sentencias. En tres casos se bajaron las penas en cinco años, para uno, y en dos años, para los otros dos.

No obstante, fuentes jurídicas avisan de que la Audiencia de Madrid se enfrenta a decenas de revisiones de condena. Por ello, los presidentes de sus quince secciones penales han acordado reunirse el próximo 25 de noviembre para «unificar criterio». Las fuentes subrayan que el cónclave ya estaba fijado con anterioridad a la polémica suscitada porque es lo habitual cuando hay un cambio legal sustantivo.

Más allá de Madrid, en la Audiencia de La Rioja se han revisado ya 54 sentencias tras la entrada vigor de la 'ley del solo sí es sí' pero hasta el momento ninguna ha sido modificada. En otras comunidades, como Valencia o Extremadura, por ahora no consta ninguna revisión, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Cabe recordar que las revisiones efectuadas por los jueces y tribunales son susceptibles de recurso y que podrían llegar hasta el Tribunal Supremo (TS), la sede judicial llamada a fijar jurisprudencia.

Es el caso del auto dictado el pasado 7 de noviembre por la sección 17ª de la Audiencia Provincial de Madrid, donde el Supremo confirmó la sentencia que condenó a un hombre que abusó de una menor de 16 años. Finalmente, ha pasado de los 8 a los 6 años de cárcel, aunque los magistrados subrayan que es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Penal del TS.

«Con ocasión de la reforma operada mediante la LO 10/2022, que entró en vigor el 7 de octubre de 2022, de reforma del Código Penal (CP) en delitos contra la libertad sexual, la pena mínima que se contempla el artículo 183.1 y 3 es de 6 años de prisión, razón por la que conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2 del CP resulta ésta más favorable para el reo, por lo que procede la revisión en el sentido interesado por el penado», explica la Audiencia de Madrid.

Asimismo, subraya que en este caso «se consideró prudente imponer el mínimo de la pena impuesta en ese tiempo, por lo que la revisión ha de producirse en los mismo términos, esto es, reduciendo la pena de prisión a 6 años con todas las consecuencias que la fueran favorables, por lo que se deberá proceder a hacer una nueva liquidación de condena».

Pedro Sánchez ha dicho que «la voluntad del poder ejecutivo y del legislativo con esta ley, que es además una gran conquista del movimiento feminista, fue reforzar la seguridad de las mujeres. Y lo que se ha hecho -recordó- es identificar cualquier tipo de delito sexual como agresión para que haya penas más agravadas; esa era la voluntad». «Ahora corresponde a los tribunales y a la Fiscalía unificar esa doctrina. Esperemos para extraer conclusiones. Tenemos que dejar al poder judicial trabajar», añadió.

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abrió ayer la puerta a una modificación de la ley del 'solo el sí es sí' después de que varios tribunales hayan reducido ya las penas a condenados por abusos sexuales de menores tras exigir sus abogados defensores que se les aplique la nueva norma. Menos de 24 horas después, Pedro Sánchez la cerró por completo. Al menos, en el corto plazo.

Modificar la ley de libertad sexual después de que ya está en vigor ofrece un problema al asunto que se pretende abordar. Y es que en derecho penal siempre se aplica la legislación más favorable al reo, de manera que, advirtió, una reforma legislativa no serviría para revertir las decisiones que ahora estén tomando los tribunales y los casos cometidos antes de un eventual endurecimiento de la norma tampoco se verían afectados por el texto modificado. «Una ley que se echa para atrás para agravar las penas no soluciona nada», insistió la delegada del Gobierno contra la violencia de género, la juez Victoria Rosell.

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