El Gobierno vasco busca más familiares de extremeños represaliados en Orduña

Para avanzar en esa tarea, Gogora «hace un llamamiento a las familias, para que contacten con nosotros -pide- en el número de teléfono 944 032 845 o a través del correo electrónico gogora@euskadi.eus». «El interés a la hora de dirigir la búsqueda de familiares en Extremadura que faciliten futuras identificaciones -explica el Instituto- está motivado en que 127 de los 225 prisioneros fallecidos en el campo de concentración y prisión de Orduña eran de origen extremeño (el 56%), todos ellos de la provincia de Badajoz excepto dos». Los 127 están identificados con nombres y apellidos y localidad de residencia antes de ser llevados a Orduña.

La extracción de más muestras permitiría «ampliar el banco de ADN de Gogora, y aumentar la probabilidad de identificaciones, ya que muchas veces es necesario aportar más de una muestra del familiar vivo para concluir la identificación» Esas muestras han permitido identificar recientemente a otros cuatro extremeños, cuyos restos serán entregados a su familia esta semana. Los recibirán de manos de María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, y de Alberto Alonso, director de Gogora, a quienes acompañará una técnica del Instituto. «El objetivo del viaje a Extremadura -añade Gogora- es también el de estrechar lazos con responsables del área de memoria histórica y democrática de la Delegación del Gobierno en Extremadura y de las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres, para explorar e impulsar formas de colaboración que permitan nuevas identificaciones».

«Para la localización de familiares -explica Gogora-, contamos con la colaboración de las instituciones, grupos de investigación y asociaciones memorialistas de donde eran naturales las víctimas o desde donde fueron trasladadas». «El tiempo transcurrido desde la muerte de estos presos -continúa- dificulta la localización de familiares y también complica la identificación genética, ya que la calidad del ADN que se pueda extraer de los restos óseos y el grado de parentesco del familiar al que se extrae el ADN determinan en gran medida que se pueda llegar finalmente a la identificación genética».

Esta tarea de investigación, exhumación, identificación de restos, su entrega a las familias, toma de muestras y otras iniciativas relacionadas forman parte del Programa de búsqueda e identificación de personas desaparecidas de la Guerra Civil, que Gogora desarrolla a través de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el laboratorio genético de la UPV/EHU Biomics (Universidad del País Vasco).

«El campo de concentración de Orduña -explica el Gobierno vasco- comenzó a funcionar en julio de 1937, cuando el bando sublevado puso en marcha una red de campos para concentrar de forma masiva a los combatientes republicanos apresados y clasificarlos dependiendo de su grado de implicación en favor de la República. La arbitrariedad y las condiciones de vida infrahumanas eran el denominador común: hacinamiento, humillaciones, hambre, frío, enfermedades y muertes«. Finalizada la contienda, Orduña pasó a ser una prisión central, a la que fueron llevados por la fuerza represaliados procedentes de distintos lugares de España.

«Así -especifica Gogora-, se sabe que la mayoría de las personas que fallecieron estando cautivas en Orduña eran naturales de las comunidades de Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha y Cataluña. Por la documentación histórica existente, se sabe que de los 225 prisioneros fallecidos en la prisión de Orduña, 127 eran de origen extremeño, de los que 87 procedían del penal de Castuera. A estos presos extremeños muertos se unieron 41 castellanomanchegos (34 de Ciudad Real, 4 de Toledo y 3 de Albacete), 22 trasladados desde la prisión de Málaga, 7 de Tarragona y los 28 restantes eran naturales de otras provincias».