Los funcionarios de la Junta que prolonguen la edad de jubilación deberán someterse a una revisión anual

Esta es una de las medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta este martes en un nuevo decreto-ley, que será de aplicación cuando se publique en el Diario Oficial de Extremadura pero que deberá ser convalidado por el Parlamento regional.

Los empleados autonómicos que quieren prolongar su labor profesional deben superar un examen de salud que permita corroborar que pueden seguir desempeñando su puesto. Pero esto no se aplicaba en las renovaciones anuales. A petición del servicio de prevención, se ha modificado este precepto para que se haga también en esos casos para garantizar la capacidad funcional.

Esta medida ya se aprobó hace un mes en el decreto-ley de simplificación urbanística, pero esta norma fue rechazada la pasada semana en la Asamblea de Extremadura. Por ese motivo, como adelantó HOY, el Gobierno regional ha decidido volver a aprobar esta reforma para que se pueda volver a aplicar.

Para el Ejecutivo autonómico es necesario someter a revisión continua al personal en situación de prolongación en servicio activo para asegurar que cuentan con la capacidad funcional requerida para el adecuado desempeño de sus funciones.

Con la nueva redacción, la prolongación en servicio activo será objeto de renovación anual, condicionada a la previa realización de exámenes de salud que concluyan en sentido favorable a la capacidad funcional del trabajador.

El Gobierno regional trabaja en una revisión completa del sistema de la función pública, pero considera necesario adoptar esta medida con carácter urgente debido a que se encuentra en «un contexto de circunstancias extraordinarias a corto y medio plazo derivadas de los procesos de estabilización, así como la necesidad del relevo generacional de los empleados públicos, con base a la gran cantidad de jubilaciones de las generaciones del baby boom a las que habrá de hacerse frente en los próximos años».

Para aplicar esta medida, tal como se hizo en el decreto-ley de simplificación urbanística, es necesario modificar la Ley de Función Pública de Extremadura. Junto a esto, el Gobierno regional también ha acordado prorrogar un año más, hasta un total de cuatro, los contratos de los funcionarios interinos asociados a programas financiados con los fondos de recuperación. Afecta a 193 trabajadores, en su mayor parte de las consejerías de Economía y Empleo (sobre todo el Sexpe), Hacienda y Agricultura.

Por último, se permite a los funcionarios interinos optar a los días de asuntos propios, un permiso no retribuido (distinto de los asuntos particulares) de un mínimo de diez días y un máximo de tres meses en un plazo de dos años para atender determinadas necesidades. Hasta ahora tenían vetado el acceso a ese derecho, lo que ha sido considerado discriminatorio por la Comisión Europea, que ha solicitado corregir esa medida.